Una batalla por la financiación en dos frentes
La batalla por la financiación abierta a raíz del acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa se juega en dos frentes paralelos: el primero es el de la recaudación, y está centrado en conseguir que la Agencia Tributaria de Catalunya sea la que gestione todos los impuestos, pero empezando por lo más importante, que es el IRPF. Y el segundo frente es el del reparto de los recursos, sobre el que se ha establecido que debe haber una cuota de solidaridad, pero con el límite del criterio de ordinalidad. En la Comisión Bilateral de este lunes el gobierno español asumirá las bases del acuerdo ERC-PSC, que hasta ahora contaba con el aval del PSOE, pero no con su firma ni constaba en ningún documento oficial.
Pero el núcleo de la cuestión está en la concreción del modelo, y eso es lo que justamente están negociando ahora republicanos y socialistas en el punto concreto de la recaudación. ERC ha decidido centrarse en lo que considera que es más factible de conseguir a corto plazo, que es la habilitación legal para que la Agència Tributària de Catalunya pueda recaudar el IRPF. La complejidad de este paso es ingente y, al igual que ya ocurrió con Renfe, no se podrá hacer con la velocidad que se prometió. No se puede reproducir la Agencia Tributaria Española en Cataluña ni en un año ni en dos, por tanto, habrá que ir paso a paso. Si todo va bien, antes de finalizar el mes debería haber acuerdo sobre cómo se realizará esta transición y qué cambios legislativos serán necesarios.
El otro gran frente es el sistema en sí, que afectará al conjunto de comunidades autónomas de régimen común y es el que da más miedo a afrontar al gobierno del PSOE, al igual que antes a los del PP. que si Catalunya es la tercera per cápita que más aporta, debe ser también la tercera per cápita que más recibe. Es aquí donde aparecen cálculos que van desde los 18.000 a los 25.000 millones, la mitad de los cuales irían sólo para dos de las comunidades más perjudicadas, que son Catalunya y Madrid. lucha por la financiación acabará beneficiando a todo el mundo, y especialmente a Madrid. se trata de una cuestión de principios: el estado del bienestar que tanto dice defender Pedro Sánchez está en realidad infrafinanciado porque depende de las comunidades autónomas.
