La batalla judicial de los independentistas en Europa
Tras el 1-O, y con la marcha de una parte de los dirigentes independentistas en el exilio y el encarcelamiento de la otra, la disputa política se trasladó a los tribunales. Desde entonces, y con un punto quizá de ingenuidad, el movimiento independentista depositó muchas esperanzas en la justicia europea. Y es cierto que se consiguieron victorias importantes, como la negativa de la justicia alemana a entregar Carles Puigdemont a España para que fuera juzgado por rebelión (sí por malversación, que es la causa que tiene pendiente ahora), o la obligación en el Parlamento Europeo de aceptar la condición de eurodiputados del mismo Puigdemont y Toni Com ( se presentó a las elecciones a pesar de estar en prisión). Pero lo cierto es que también ha habido derrotas y, además, las victorias no han servido para cambiar la realidad ni lastatu quo.
Esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado en contra de causas presentadas por Quim Torra y Josep Costa por el espionaje con Pegasus, en este caso porque no se habían agotado todos los procedimientos internos en este sentido. salvo en un caso, el de los jueces que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y que por ese motivo fueron investigados.
Evidentemente que hay que llegar hasta el final en todas las causas y poner en evidencia los comportamientos de la justicia española, pero también es necesario admitir las limitaciones del frente judicial y el error de haber depositado, en general, demasiadas esperanzas. Por lo general, las resoluciones de la justicia europea llegan demasiado tarde y tienen un impacto limitado. Piénsese por ejemplo en el caso de Arnaldo Otegi, que ganó en Estrasburgo cuando ya había pasado seis años en prisión y entonces el Tribunal Supremo pretendió repetir el juicio. Por suerte el Tribunal Constitucional dio la razón a Otegi y evitó ese disparate. La conclusión es que a menudo estas victorias son meramente simbólicas.
En el caso de la causa del 1-O, la resolución puede llegar en medio de otra batalla judicial, que es la que se está produciendo en torno a la aplicación de la amnistía. Si la sentencia del 1-O y las distintas causas abiertas (con casos surrealistas como la supuesta trama rusa) ya presentaban signos evidentes de mala praxis (y mala fe), la negativa a aplicar la amnistía acaba de confirmar la realidad de que la justicia española se niega a aplicar lo que manda otro poder democrático, como es el legislativo. Lamentablemente, la vía que hasta ahora se ha demostrado más efectiva a la hora de torcer el brazo de estos jueces es la de la política (con los indultos, por ejemplo), más que la de los tribunales europeos.
