Después de la pandemia, este curso que acaba de terminar ha sido seguramente el más duro de los últimos años. Los problemas enquistados en el mundo escolar finalmente han hecho saltar las costuras de un sistema que ni el gobierno ni los docentes ni los pedagogos consiguen hacer remontar. En el marco de la crisis educativa global, marcada por la pérdida de autoridad y la hiperprotección de los niños, el caso catalán tiene características y tensiones propias dentro de una complicada deriva negativa.
Una constatación obvia: estamos en las antípodas de un deseado círculo virtuoso; estamos en un bucle de mal rollo, casi un todos contra todos. Se han frustrado las esperanzas puestas décadas atrás, sobre todo con el advenimiento de la democracia, en la escuela como pilar para cohesionar la diversa y compleja sociedad catalana. Los héroes de la renovación pedagógica de los años sesenta y de la normalización lingüística de los años ochenta quedan lejos. El primer tercio del siglo XXI ha sido el de la guerra de lenguas contra el catalán, el de los recortes y el de la desorientación pedagógica general fruto de cambios constantes.
Y así hemos llegado a este curso marcado por las huelgas y las manifestaciones masivas de docentes, un curso durante el cual se ha constatado el malestar de los profesionales, la preocupación de las familias, la impotencia de la administración y la desorientación de todos juntos. Incluso los sindicatos que han liderado las protestas y la negociación con el Gobierno finalmente se han visto superados por una revuelta de los maestros que nadie sabe cómo puede acabar.
De modo que no es extraño que los resultados en las aulas o los objetivos políticos de equidad del sistema no consigan alcanzar los niveles fijados. De hecho, el aumento de inversiones de los últimos años no se ha acabado de notar a efectos prácticos, lo que no hace sino generar dudas sobre si los acuerdos pactados por la consejería este junio –más sueldo para los maestros, más refuerzos en las aulas, ratios más bajas– tendrán una repercusión real en la mejora del trabajo en las escuelas e institutos.
Esta es la evidencia que pone sobre la mesa el informe anual de Equitat.org –antigua Fundació Bofill– en su anuario del 2026. El think tank educativo alerta de que, ante una realidad dura, cada vez con más alumnos pobres detectados (la proporción de adolescentes con necesidades socioeconómicas ha pasado en los institutos del 6,8% en 2020 al 29,3% este año) y con más alumnos que necesitan refuerzo, hasta ahora el incremento de recursos no ha servido para dar un vuelco a los resultados académicos.
En efecto, hoy hay más recursos: el gasto público por estudiante ha aumentado 900 euros respecto a 2021. Pero la vulnerabilidad y "el infrafinanciamiento estructural" están poniendo freno a la anhelada mejora. De hecho, los últimos cinco cursos ha bajado por primera vez la tasa de graduados en la ESO, que se ha situado en el 86%, la más baja en tres lustros. El abandono escolar afecta sobre todo a las capas más bajas, y con las extraescolares también hay un claro sesgo social. Ante estas diferencias, Equitat.org reclama una inversión desigual que privilegie los centros de alta complejidad. Es decir: poner los recursos donde más hacen falta y donde pueden tener un efecto mayor.
