El catalán no progresa adecuadamente en Europa
El catalán no progresa adecuadamente en Europa. Aparcada su pretendida oficialidad en las instituciones, una de las condiciones que ERC, y sobre todo Junts, pusieron a Pedro Sánchez para investirle presidente, ahora llega el contundente argumentario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando la obligación del 25% de castellano en la escuela defendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
No se trata, en este caso, de un posicionamiento con consecuencias jurídicas y prácticas –no estamos ante una sentencia–, pero eso no quita que sea, en términos conceptuales, un jarro de agua fría en la batalla porque el catalán sea considerado un idioma europeo con todos los derechos. De hecho, el TEDH, en este su posicionamiento, reduce la lengua catalana a la categoría de lengua minoritaria regional, y la contrapone al castellano, al que da el estatus de lengua nacional y de estado.
De hecho, el TEDH califica Cataluña como "región bilingüe" –un bilingüismo que el tribunal ignora que cada vez es más asimétrico en favor del castellano– y considera la inmersión lingüística en la educación escolar como una discriminación a los ciudadanos no catalanohablantes.
El tribunal es muy claro en su justificación para desestimar la demanda de familias de la Escola Turó del Drac de Canet de Mar, coordinadas por Òmnium Cultural, contra la sentencia del TSJC que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Por unanimidad, los magistrados europeos consideran del todo necesaria la cuota del 25% de castellano y lo razonan así: "Prohibir el uso del castellano como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua nacional". Y también así: "Recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".
El posicionamiento del TEDH es un golpe a la línea de flotación del catalanismo, que siempre ha defendido la normalización lingüística precisamente como la manera de que los niños y niñas castellanohablantes tengan precisamente garantizado el derecho de aprender el catalán, y por tanto dispongan de más oportunidades laborales, sociales y culturales en un país bilingüe. En esta línea, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha reaccionado al TEDH afirmando que en Cataluña "todo el alumnado alcanza competencia plena en las lenguas oficiales, catalán y castellano". Cosa que, ha añadido, no pasaría sin situar el catalán, minorizado en su propio territorio, en el "centro de gravedad" de escuelas e institutos.
Al margen de este revés de Estrasburgo a las aspiraciones por asegurar el futuro del catalán, en franca reculada en cuanto al uso social, su estatus legal en la escuela lo decidirá el Tribunal Constitucional, donde está pendiente la sentencia sobre el 25% en la escuela defendido por el TSJC. En este sentido, tras el fiasco del recurso al TEDH, Òmnium Cultural propone empezar a "articular una respuesta unitaria y contundente de país ante la futura sentencia del Tribunal Constitucional".
La incómoda y dura realidad es que el anhelado cobijo de Europa al catalán, en el sentido de que hiciera de contrapeso a la incomprensión de la justicia española, de momento no ha funcionado.
