Un déficit crónico en infraestructuras que castiga Cataluña
Una de las cosas más importantes que hace Fomento del Trabajo cada año es calcular el déficit de infraestructuras que sufre Cataluña para denunciar una infrafinanciación que castiga especialmente la competitividad de la economía catalana. La cifra se obtiene de una manera muy simple. Se calcula la mínima inversión que correspondería a Cataluña en función de un porcentaje del PIB, que sitúan en el 2,2%, y se compara con la cifra real, que siempre es más baja. Y si se toma un período temporal suficientemente amplio, por ejemplo desde el 2009 hasta hoy, la cifra resultante es escandalosa, próxima a los 50.000 millones de euros. Y si añadimos el coste de la vida, la cifra se eleva a los 60.000 millones.
A menudo se bromea con la afirmación de que solo hay dos cosas constantes en el Universo, la velocidad de la luz y el déficit de infraestructuras catalán, pero la realidad es que por mucho que haga más de 20 años que esta cuestión está sobre la mesa nunca se ha conseguido revertir. Ni tan solo con gobiernos que dependían de fuerzas catalanas, como los de José Luis Rodríguez Zapatero o ahora el de Pedro Sánchez. Hay causas que no son directamente imputables a Madrid, como la complicada orografía catalana, la especial sensibilidad ecologista o la excesiva burocracia, que a veces retardan las licitaciones y los proyectos, pero lo que es indiscutible es una falta de voluntad política de los gobiernos españoles, que siempre han querido esquivar cualquier acusación de estar favoreciendo a Cataluña por delante de otros territorios.
El agravio es tan profundo que cuando se negoció el Estatuto en 2006 se incluyó una cláusula según la cual durante siete años el gobierno español estaría obligado a invertir en Cataluña el equivalente a su peso en el PIB, es decir, alrededor del 18% del total de inversión regionalizable. El Tribunal Constitucional consideró ilegal esta cláusula y la anuló, de modo que solo fue efectiva durante un año. Después, los gobiernos de Pedro Sánchez han querido acercarse a esta cifra, pero entonces Cataluña ha topado con otro problema, que es una ejecución bajísima en comparación con otros territorios, especialmente Madrid.
En realidad, el estado español ha tenido una política de infraestructuras muy clara desde la restauración de la democracia: se trataba de construir una red radial, con un centro muy potente en el centro de la Península que actuase como nodo de comunicaciones, y una periferia subsidiaria de este centro. El problema es que esto se ha hecho a costa de coartar las posibilidades de crecimiento de las zonas especialmente dinámicas y exportadoras del litoral mediterráneo, como demuestra la exasperante lentitud de las obras del Corredor Mediterráneo.
Este es un tema capital, y todo lo que se haga para vigilar al gobierno español será poco. Por eso se entiende poco que un partido catalanista como Junts tumbase la propuesta de hacer un consorcio Estado-Generalitat para monitorizar estas inversiones. Porque ahora es el momento de exprimir al máximo la influencia de los votos catalanes en Madrid, ya que de aquí a un año y pico quizás ya será tarde.
