Los equilibrios del acuerdo sobre Cercanías de Cataluña
El acuerdo presentado este jueves sobre la nueva operadora Cercanías de Catalunya, que debe gestionar este servicio de movilidad tan cuestionado por los usuarios, es una muestra de los equilibrios que a menudo deben realizarse en política para llegar a buen puerto. La Generalitat tendrá mayoría en el consejo de administración de la operadora, con cinco de nueve miembros, y por tanto controlará la gestión del servicio, pero la propiedad continuará en manos de Renfe, que mantendrá la titularidad del 50,1% de las acciones. Este equilibrio había sido aceptado por ERC como una solución temporal y se daba dos años de garganta para que la operadora fuera totalmente propiedad de la Generalitat, pero finalmente, por una suma de factores, técnicos y también laborales, se ha decidido que este calendario quede, por ahora, congelado.
A nadie se le escapa que el mantenimiento de la mayoría accionarial en manos de Renfe era una condición de los trabajadores de la compañía, que formalmente no pasarán a formar parte del cuerpo de trabajadores de la Generalitat, aunque sí serán dirigidos por el gobierno catalán. Ésta es una fórmula de compromiso que permite desbloquear el acuerdo, evitar el boicot de los trabajadores, dar vía a la constitución de la nueva operadora y avanzar así en la asunción de la gestión del servicio de Cercanías, que es la auténtica prioridad; eso sí, siempre que lleguen los recursos necesarios.
El objetivo es que la nueva operadora entre en funcionamiento a finales de año o principios de lo que viene. Entonces vendrá un paso especialmente delicado, que es el traspaso de la infraestructura y los bienes inmuebles asociados (por ejemplo las estaciones), que empezará con la línea R1. Ésta será la verdadera prueba de fuego, ya que si el traspaso se realiza de forma correcta y los usuarios comienzan a percibir una mejora en el servicio, la Generalitat estará en condiciones de reabrir la batalla por la propiedad de la operadora y por el traspaso del resto de líneas.
En todo caso, aunque con rebajas sobre las expectativas iniciales, es bueno que haya acuerdos y que empiecen a pasar cosas. La experiencia demuestra que los traspasos son dificultosos y lentos porque existen muchos intereses en juego, y para Madrid representan siempre una pequeña tragedia, que se vive como una pérdida inaceptable de soberanía. Ocurre igual en el caso de empresas públicas como Renfe. En cuanto a este traspaso en concreto, cabe subrayar que tiene todo el sentido del mundo que la gestión de las Cercanías dependa de la Generalitat, que es también la responsable de la planificación del territorio y que, por tanto, también debe serlo de la movilidad.
Ahora es el momento de abordar la otra gran carpeta pendiente del acuerdo de investidura de Salvador Illa entre ERC y el PSC, que es la financiación. Aquí las cosas parecen más verdes, pero en pleno caso Cerdán también es verdad que al PSOE quizá le convenga abrir un nuevo frente que pueda provocar diferencias internas en el PP. En todo caso, citando a Diógenes, "el movimiento se demuestra andando". Y ahora es el momento de andar.
