El barro judicial y político español
El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En dicho correo electrónico, González Amador confesaba que había estafado Hacienda y pedía un pacto para reducir su pena.
Llevar a juicio a un fiscal general es algo absolutamente insólito que solo se explica en el marco de la descarnada guerra jurídico-política que enfrenta al PP y al PSOE. No hay tregua en esta España ideológicamente fracturada, con una derecha cada vez más decantada hacia el populismo demagógico y un socialismo en el poder que se defiende por todos los medios, algunos de dudosa legalidad. El barro madrileño no deja ni la justicia ni la política en una posición mínimamente presentable. Desde Catalunya, durante el Proceso, se vio ya una justicia altamente politizada y una política que delegaba en la justicia su incapacidad de resolver los problemas. Ahora ese modus operandi se ha convertido en norma en el corazón del poder del Estado. El espectáculo es decepcionante y no hace sino dar alas a la antipolítica.
El Supremo, convertido en árbitro y parte, ha dado el paso definitivo para enviar a juicio al fiscal general, acusado de revelación de secretos. Por dejar las cosas diáfanamente claras, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros "para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar", es decir, el pago de una posible indemnización a González Amador por "perjuicios morales". No cabe duda de cuál es la mirada del juez instructor, Ángel Hurtado. En una guerra, aunque sea judicial, no hacen falta disimulaciones. Si García Ortiz no entrega el dinero en un período de cinco días, se le embargarán bienes. Pero, contra lo que pedía la acusación popular, no se le ha suspendido provisionalmente de sus funciones al frente del ministerio público, seguramente no por falta de ganas, sino porque existe un "vacío legal" que no lo permite. En todo caso, todo apunta a que el tribunal del Supremo que juzgará al fiscal general será de mayoría conservadora. El PP tiene esa batalla bien encaminada. Otros, no tanto.
El PSOE no se arruga. La Moncloa mantiene el apoyo granítico a García Ortiz y defiende su inocencia. Pedro Sánchez quiere agotar la legislatura. No quiere elecciones porque cree que, como están las cosas, fácilmente acabaría él mismo en el banquillo. De modo que el clima de confrontación, tanto en las instancias e instituciones judiciales como en el Congreso, está garantizado a pesar de la fragilidad del gobierno español, que en buena parte depende de lo que suceda en los tribunales, donde se acumulan casos relevantes para su supervivencia: lo que debe resolver la amnistía de Puigdemont (los votos de Junts son claves para Sánch. Por supuesto, el PSOE también explotará la rastrillera de una treintena de casos que afectan a los populares, empezando por el del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y siguiendo por la Gürtel y compañía. Hay teca para todos. La política española está perfectamente instalada en un barro judicial y político sin tregua.
