La indignación por Cercanías es real
Tanto el gobierno español como el catalán pueden caer en la tentación de pensar que no existe por tanto con la crisis de Cercanías viendo las cifras de las manifestaciones de este sábado, modestas en comparación con la magnitud del desastre. Pero sería un error. La participación en una manifestación depende de muchos factores, y es evidente que las convocatorias de este sábado no han logrado el éxito esperable. Para empezar, la doble convocatoria –una por la mañana de carácter independentista y otra por la tarde más transversal– puede haber ayudado a la desmovilización. Y la participación anunciada de la extrema derecha puede haber disuadido a más de uno que no quería compartir pancarta con los que cuestionan los fundamentos de la democracia. También el hecho de que, en realidad, todo el mundo sabía que la manifestación no iba a cambiar nada, porque este desastre, tal y como se han encargado de repetir los responsables políticos estos días, no se arregla en dos días. Y, por último, la falta de un objetivo político claro, como la dimisión de la consejera Paneque o del ministro Puente, que los organizadores de la manifestación unitaria no reclamaban.
Así pues, no es extraño que la manifestación auspiciada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) fuera más concurrida, ya que allí sí había un mensaje claro contra el maltrato que sufre Catalunya y la exigencia de dimisiones en ambos gobiernos. También ayuda el hecho de que la ANC está mucho más organizada y estructurada en el territorio que las plataformas de usuarios como Promoción del Transporte público (PTP), que en realidad son lobis de presión integrados por técnicos y personas muy concienciadas de la importancia del transporte público. Por tanto, la inmensa mayoría de los perjudicados por el caos de Cercanías de estos días, muchos de ellos inmigrantes, se han quedado en casa este sábado.
Pero, como decíamos, esto no quiere decir que la indignación no sea real. Además, se trata de un malestar especialmente peligroso porque afecta a las clases bajas y medias que cada día deben acudir a su centro de trabajo y encuentran que la administración que debe protegerles les deja desamparados. La crisis del transporte público actual puede derivarse fácilmente hacia una explosión de antipolítica y populismo que debería evitarse a toda costa.
Para empezar, bastaría con hablar claro, decir cuáles son los plazos para restablecer todo el servicio con garantías y poner las medidas paliativas necesarias. Es mucho mejor realizar un ejercicio de sinceridad que no prometer restablecimientos que después no se cumplen. Si Cercanías debe esperar hasta abril para volver a la situación previa al accidente de Gelida, de acuerdo, pero también debería haber un calendario, línea por línea, que fijara cuándo se podrá ofrecer un servicio puntual y sin los retrasos endémicos de los últimos 20 años. Y, sobre todo, las obras de adecuación no deben ser excusa alguna para retrasar el traspaso del servicio a la Generalitat. Hay que hacerlo todo en paralelo y bien, tal y como se merecen los ciudadanos de Catalunya.
