Menores desprotegidos en las redes
Una atractiva suma de dinero, un regalo o un favor a cambio sólo enviar a un desconocido una fotografía o un vídeo erótico. Un 2,5% de los jóvenes españoles asegura haber recibido alguna vez mientras eran menores de edad este tipo de propuestas. Esto significa uno de cada 40 jóvenes. Y un 15% dicen conocer casos cercanos en los que los menores se han prestado. Las redes sociales van cada vez más llenas de estos señuelos y anuncios fáciles, de webs y plataformas que blanquean la explotación sexual y la pornografía infantil y que han motivado una alerta por parte de la ONG Save the Children.
En el informe que publicamos hoy, no sólo se ponen cifras preocupantes sobre la mesa de cómo están creciendo las víctimas de estas prácticas, sino que también queda clara una realidad que no debe menospreciarse: en muchos casos los propios adolescentes no se identifican como víctimas. Detrás de un engañoso consentimiento (soy yo quien decide exponerse), a menudo se esconden relaciones desiguales, de poder, presiones... Todo muchas veces difícil de detectar para la propia víctima.
Por un lado, la cara oscura de las redes sociales deja en evidencia todo el camino que todavía existe para recorrer a la hora de mejorar la información y la educación entre los adolescentes para que puedan detectar y protegerse en este tipo de situaciones. La educación sexoafectiva debe evolucionar para dar respuesta a estos nuevos riesgos, que ya están acosando a miles de jóvenes en los entornos digitales, como queda patente en la encuesta de Save the Children.
La responsabilidad en el caso de los menores, además, también debe extenderse a las familias para que la conciencia de estos peligros sea mucho mayor. ¿Qué ocurre cuando compartes tus imágenes? ¿Qué repercusiones puede tener? Es necesario que en casa esta tarea no sólo de vigilancia o control sino también de acompañamiento en el uso de los entornos digitales sea una prioridad. Y también en los centros educativos, por supuesto. Más allá de si hay móviles o no en el aula, lo que está claro es que los alumnos conviven irremediablemente fuera.
Por otra parte, los datos del informe deben ser un mensaje claro a las instituciones, que también tienen su gran parte de responsabilidad en esta lucha para impedir que estos mensajes, trampas y delitos campen por las redes y plataformas impunemente. El proyecto de ley de protección de los menores en entornos digitales que se tramita en el Congreso es más urgente que nunca, y sería bueno, aunque no son buenos tiempos para las mayorías y los consensos, que la aprobación de esta ley no se hiciera esperar más de la cuenta. El control sobre estas plataformas es primordial para capar su radio de acción, para poner fin a la sensación de impunidad en algunos casos y para cazar a los que están detrás de estos delitos.
La ley es una oportunidad para regular mejor el acceso a estos entornos. Plantea el control parental y sistemas de verificación de edad que, si bien técnicamente no son perfectos, puede que también puedan servir para que las empresas tecnológicas se vean obligadas a ser más activas en su rol de vigilancia sobre los contenidos que hacen accesibles a los menores. Algo que ahora no ocurre. Además, la nueva norma clarifica los nuevos delitos que las redes han hecho nacer (y crecer) y plantea el endurecimiento de penas para sus autores. Todo ello, un compendio de regulaciones que ya van tarde respecto a una realidad que, como avisa el informe de Save the Children, cobra cada día más víctimas.
