¿La propuesta es geolocalizar a los pirómanos? ¿De verdad?
Esta semana comienza el nuevo curso político, y lo hace con el panorama centrado en las responsabilidades políticas por los incendios que, aún ahora, arrasan parte del noroeste peninsular. En medio de este drama, desde hace días el PP quiere aprovechar la ocasión para aumentar la presión contra el gobierno de Pedro Sánchez o, más bien, contra el propio presidente. Están haciendo igual que con la DANA de Valencia, cuando para evitar asumir la responsabilidad de la criminal actuación de Carlos Mazón y su gobierno intentaron responsabilizar al ejecutivo central de cualquier decisión relacionada con el desastre.
La confianza en la capacidad técnica y profesional de los gobiernos del PP para gestionar situaciones de crisis está cada vez más en entredicho. Lo ocurrido estos días, sobre todo en los incendios en Galicia y Castilla y León, demuestra que no han sido capaces de crear una estructura organizativa y de planificación que pudiera hacer frente a las necesidades de una emergencia de ese nivel. Es como si se hubieran desentendido de las competencias autonómicas que deberían gestionar, que seguramente no quieren, y confían en que si ocurre algo ya vendrá el Estado a ayudarlos. Y efectivamente tiene que hacerlo, pero si ellos, que son los que controlan el territorio, no saben lo que ocurre, se acaba generando un caos organizativo que dificulta las actuaciones.
En este contexto, y como previa tanto del consejo de ministros de hoy en el que se explicará el plan del gobierno para atender a las zonas afectadas como de las comparecencias en el Senado de varios ministros a petición del propio PP, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiso adelantarse ayer presentando un plan con 50 medidas destinadas tanto a las ayudas como a prevenir nuevos desastres. Algunas son de sentido común, y seguro que ya estaban previstas en el plan del gobierno central. Sorprende, sin embargo, que la supuesta medida estrella sea crear un registro oficial de pirómanos en el que las personas con sentencia firme por haber provocado un incendio voluntariamente se vean obligadas a llevar una pulsera telemática que permita su geolocalización, como se hace con algunos agresores machistas. ¿De verdad? ¿Esa es la medida estrella?
Para empezar, según los datos oficiales, aunque efectivamente hay una parte de los incendios que son provocados intencionadamente –ya hay 168 personas detenidas o investigadas por los incendios de este verano–, no puede afirmarse que el 80% de los incendios son intencionados, como dice el PP. Según datos oficiales, ese porcentaje no llega al 10%. Y es que una cosa son los incendios intencionados provocados por pirómanos y otra los incendios accidentales o por negligencia provocados por la actividad humana, es decir, que no están causados, por ejemplo, por un rayo. La falta de confianza que tiene el PP no solo en la ciencia –que alerta de que efectivamente la crisis climática está agravando los incendios–, sino también en los importantísimos técnicos y profesionales especializados en emergencias, incluidos los militares, es un grave problema. Cualquier plan creíble debería empezar por aquí: un caos organizativo que dificulta las actuaciones.
