Redes sociales: una prohibición para concienciar
El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. Se añade así, subiendo un poco la apuesta, a anuncios similares realizados por Francia (15 años) y Portugal (13 años). Australia también ha fijado los 16 años. Por un lado, se envía un mensaje a las plataformas tecnológicas, a las que se quiere forzar a asumir responsabilidades por los contenidos. Por otra, se pretende impactar en las familias para que tomen conciencia del peligro que corren sus hijos, entre los que el uso y la adicción no paran de crecer.
La reacción inmediata, y fuera de tono, del magnate Elon Musk, propietario de X, acusando al presidente español de "tirano y traidor en el pueblo de España", es sintomática. No le habrá gustado nada que el legislador español quiera hacer penalmente responsables a los directivos de las tecnológicas. De la misma forma que ya hace años que las tabaqueras sufren una presión legisladora restrictiva por los evidentes efectos nocivos del tabaco sobre la salud en los fumadores, las tecnológicas no pueden seguir siendo impunes ante las graves distorsiones que están provocando en la sociabilidad, la salud mental y la salud democrática de la población, con especial incidencia en niños y incides.
¿Prohibir el uso de las redes a los menores de 16 años es la solución? ¿Cómo se vehiculará una medida así? Evidentemente, existen dudas sobre la efectividad real de esta prohibición. Pero esto no significa que no responda a una preocupación real y que no sirva de aviso para navegantes. Y no sólo a las tecnológicas oa los padres y madres, también en el conjunto de la población. ¿Cuántos adultos también tienen conciencia de abusar de las redes sociales? ¿Qué tipo de información –o de infoxicación– esparcen estas redes sin ningún tipo de filtro ni control? ¿Qué sesgo comercial y político tienen algoritmos del todo opacos?
Habrá que ver cómo se concreta legislativamente la medida. Pero el objetivo de conseguir un entorno digital más seguro resulta incuestionable. De hecho, las plataformas, en lugar de oponerse, deberían ser las primeras interesadas en legitimarse haciéndose suya la filosofía de la seguridad, de la transparencia y de la responsabilidad en torno a los derechos fundamentales. Sin embargo, como se ha visto con Musk, estamos muy lejos de una actitud colaborativa.
Dicho todo esto, la futura normativa, que aún está por concretar, puede tener efectos colaterales, como abrir la puerta a hacer obligatorio que todo el mundo, cuando abra una cuenta en las redes sociales, deba identificarse con el DNI o un documento oficial para demostrar que es adulto. Esto no impedirá, sin embargo, que un internauta perseverante pueda encontrar con facilidad una de las muchas herramientas digitales que permiten simular que se está conectando a Internet desde otro país. Así, mientras demostrar que se es adulto no sea obligatorio en todo el mundo será difícil conseguir que los jóvenes más tercos no encuentren rendijas para saltarse la prohibición de acceso a las redes sociales. En realidad, la acción reguladora debería ser, como mínimo, de ámbito europeo, donde ya se han dado pasos y donde el choque con las plataformas está a la orden del día. No es, ni mucho menos, una batalla menor.
