Por un traspaso completo e inmediato de Cercanías

La crisis que ha llegado a bloquear toda la red ferroviaria de Cercanías no la ha provocado el accidente de Gelida, ni el mal tiempo de los últimos días. Tan sólo han sido la gota que ha colmado el vaso. Porque la situación actual es una tormenta perfecta que llevaba años incubándose, con la falta crónica –durante décadas– de inversiones y del mantenimiento adecuado. Lo más triste de la crisis actual es que muy probablemente se habría podido evitar, al menos en su mayor parte, si en su momento el gobierno español, Renfe y Adif hubieran actuado como correspondía.

La enemistad manifiesta entre Renfe y Adif, que hace inevitable la descoordinación entre ambos entes, y el perfil bajo deliberado del gobierno español, que se ha mantenido aparte y ha sorteado, así, las salpicaduras del escándalo y también su parte de responsabilidad, hacen mucho más difícil que la crisis se pueda. Los tres responsables de haber llevado la red de Cercanías a esta situación, permitiéndola, han demostrado su carencia de competencia técnica. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni ha asumido la responsabilidad de su departamento ni acaba de traspasar las competencias y recursos necesarios para que pueda hacerlo el Gobierno.

A la falta crónica de inversiones, la falta de voluntad política de pensar a largo plazo y la incapacidad técnica de quienes han llevado la red a la crisis actual se añade una gestión comunicativa que vuelve a demostrar la falta de coordinación. Adif y el ministerio de Transportes han escondido la cabeza bajo el ala hasta este domingo y han obligado a la conselleria de Territorio y Cercanías a dar la cara solas, sin la información ni el apoyo adecuados de todos los implicados.

El resultado es que desde el miércoles se ha llegado a suspender tres veces la circulación de trenes en la red de Cercanías, aunque, de forma increíble, Renfe y Adif han llegado a ignorar la decisión del Govern de suspender la circulación que se tomó la noche del viernes al sábado. Éste es el nivel de descoordinación, o de voluntad de poner obstáculos, que existe en la gestión ferroviaria.

Cataluña no puede permitirse esa dejadez, este desbarajuste sin orden ni protocolos. Y tampoco puede permitírselo España, aunque solo sea porque Catalunya sola representa el 19,85% del PIB estatal, según las cifras del INE y del Idescat del tercer trimestre del 2025. Detener la red de Cercanías no solo es hacer más difícil la vida de los catalanes en general, es boicotear la economía y dejar el país en la ''.

Los responsables de esta situación son claros y están identificados: Renfe, Adif y el gobierno español. Han demostrado que no se merecen la confianza de los ciudadanos para gestionar la red ferroviaria y que, por tanto, no deben encargarse de ella. Es imprescindible que las tres entidades traspasen ya –no en un futuro hipotético, ahora– toda la responsabilidad en la gestión de Cercanías en el Govern. Pero no sólo deben ceder la responsabilidad y la gestión: también deben traspasar todos los recursos necesarios para resolver la situación actual, realizar las inversiones necesarias y reparar también la desidia que se han permitido durante décadas. Cualquier otra cosa sería una estafa a los ciudadanos de Catalunya.