El Tribunal Supremo "o su entorno" ya ha publicado la sentencia
Diecinueve días después de anunciar el veredicto, finalmente el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que justifica por qué ha inhabilitado dos años al fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de "revelación de datos reservados", ya que, para los magistrados que la firman –cinco de los siete que conformaban el tribunal– existe un conjunto de pruebas "sólidas" para afirmar que él "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron a los periodistas Ayuso en el que pedía un pacto y reconocía el delito de fraude fiscal. Es sorprendente que después de tantos días la sentencia esté llena de condicionales y suposiciones que los magistrados consideran indicios claros. Que aparezca la expresión "o su entorno" ya parece demostrar que exactamente no han podido averiguar quién lo hizo, y en otras partes de la sentencia indican también que el hecho, por ejemplo, de que borrara los mensajes de WhatsApp de ese día es, para ellos, una prueba que quería esconder lo que había hecho. En este sentido, resultan preocupantes tantos condicionales y también el tono general de la sentencia. Sobre todo porque el voto particular de las dos magistradas progresistas desmonta estos argumentos asegurando que, de hecho, no existen pruebas claras que incriminen directamente a García Ortiz.
La sentencia, de 181 páginas, será analizada hasta el detalle por juristas, porque es de las más relevantes de los últimos tiempos y ha supuesto un choque inédito entre dos instituciones jurídicas del Estado. De hecho, la lectura que se ha hecho, como es lógico, ha sido política, porque el gobierno español ya ha salido a decir que la respeta pero no la comparte –algún ministro incluso la ha comparado con un guión de Hollywood– y el PP trata de sacarle jugo señalando ahora a Sánchez como el principal instigador de los actos del fiscal. De hecho, es una sentencia que ha sido celebrada por el "entorno" político y mediático de un Tribunal Supremo que está claramente virado hacia la derecha y que interpreta las leyes, como ya se vio en el juicio del Proceso, desde esa perspectiva. Pero que haya tenido un papel tan claro en esta politización no es bueno para la institución porque hace que la confianza en la justicia de la población decaiga, algo grave en un estado de derecho.
La partida, además, no ha terminado. Por un lado, porque el juicio a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, está por celebrar, y esa sentencia –por mucho que los magistrados avisen de que no puede utilizarse para alegar nulidad– sin duda sobrevolará lo que ocurra. Por otro, porque la defensa del fiscal general tiene previsto llevar el caso al Tribunal Constitucional, y solo puede hacerlo reclamando antes la nulidad de la sentencia. Seguiremos, pues, oyendo hablar del caso porque se convertirá en otra arma arrojadiza entre los diversos bandos de la crispada escena política madrileña. Que la sentencia contra todo un fiscal general no haya sido por unanimidad, aunque se sabía, es muy preocupante. Que encima, después de tantos días no sea concluyente, agrava el problema.
