Gobierno y energéticas unen fuerzas en la transición necesaria

El impacto sobre el territorio es uno de los grandes debates pendientes en la transición energética en Cataluña y las energéticas reclaman más pedagogía y una clara planificación del PLATER

La mesa redonda Energía y Territorio puso el foco en la relación entre el despliegue energético y el impacto sobre el territorio, uno de los grandes debates pendientes de la transición energética en Cataluña y el papel clave del PLATER (Plan territorial sectorial de energías renovables de Cataluña). La sesión reunió a la directora del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), Anna Camp; el director de generación de Estabanell Energia, Pere Borràs; el director de energía de Sorigué, Ignasi Clariana, y el director de Marketing, Residencial y Canal Indirecto de Bassols Energia, Xavier Barquero.

"Estamos en un momento de cambio profundo. Hace sólo tres semanas se convalidó el proyecto de ley, y eso marca un antes y un después. Cuando informas a los vecinos desde el principio, el nivel de conflictividad baja. Es importante tener claro que los proyectos tienen impacto, pero también explicar bien cuáles son las medidas correctoras y compensatorias, y realizar una labor constante de concienciación", explicó Anna Camp.

La directora del ICAEN descartó que exista una solución única para todo el territorio. "Hay proyectos como los parques eólicos vinculados a la gestión forestal que aportan valor añadido, por ejemplo, en la prevención de incendios. Cataluña es un territorio denso, pero también muy diverso. En algunas zonas la solución pasa por plantas de biogás; cada territorio tiene necesidades diferentes y esto debe explicarse muy bien". Como los molinos en el Empordà. "Crean muchos debates y, por eso, es clave la regulación y una buena ordenación del territorio, que permita tomar decisiones con criterios claros".

Pere Borràs, director de generación de Estabanell Energia, subrayó que apostar "por la generación distribuida en Catalunya tiene mucho sentido. Somos un país muy denso y hay que acercar las infraestructuras al lugar de consumo. La clave es estar: cuando explicas los proyectos y haces pedagogía, la tensión baja mucho".

"Una de las novedades del decreto es la obligación de explicar los proyectos antes de ejecutarlos. El debate no debe ser "renovables sí, pero así no", sino cómo hacemos posible que todos juntos avancemos". Por eso, "es importante que los ayuntamientos tengan una visión global y que haya un reparto claro de responsabilidades. Hay una demanda generalizada: que la energía se produzca cerca. Hoy el único mecanismo es un radio de 500 metros si la instalación es sobre tierra. Nuestra propuesta es que sea de 5 km. Esto ayudaría mucho, porque si tienes una planta cerca, notar".

Ignasi Clariana, director de energía de Sorigué, habló de la transición energética como una oportunidad, "aunque hay sectores que defienden que el autoconsumo ya es suficiente, pero no es así". El rechazo que a veces provoca no tiene parangón con lo sucedido durante años: "Comparativamente, si antes aceptábamos infraestructuras mucho más invasivas como las nucleares, hoy cualquier instalación renovable genera debate, aunque es reversible. En muchos casos, el problema principal es el impacto visual". Así que "todo comienza con una planificación transparente. Es un proceso complejo y hay que saber sacar de la ecuación ese pequeño porcentaje que siempre dice que no".

Para Xavier Barquero, director de Marketing, Residencial y Canal Indirecto de Bassols Energía, "la confianza se construye con hechos. El problema es que el debate energético a menudo se queda en un plano ideológico, incluso a nivel familiar. La transición energética, la cohesión territorial y la lucha contra el cambio climático son inseparables". Así que "la cohesión territorial es clave para garantizar el despliegue del sistema y la equidad en derechos y deberes. Es imprescindible que la energía llegue a todas partes y que no renunciamos a espacios de diálogo, para que la política no acabe contaminando un debate que debería ser colectivo".

Como remarcó Anna Camp, "es cierto que en algunos casos hay discursos de rechazo muy ideologizados. Por eso es necesario realizar un ejercicio de empatía con los alcaldes, especialmente de los municipios pequeños".

"No me he encontrado todavía con un efecto Trump o de Vox generalizado, pero cada proyecto es diferente y requiere un trato a medida y los alcaldes necesitan un relato para poder explicar a la ciudadanía por qué se realizan estos proyectos", coincidió Ignasi Clariana.

Oriol Amat, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad Pompeu Fabra, fue el encargado de dar una visión independiente de la jornada y lo hizo con un mensaje claro, aunque los datos económicos no son buenos: "la inversión en energías renovables es rentable para las empresas". La razón no es otra que "ahora a una empresa no sólo se le mira la vertiente económica, sino también la social y la medioambiental".

"La inversión en tecnología en energía y renovables, por lo general, funciona bien. Son inversiones rentables, con retornos hasta tres veces superiores a los de la energía fósil, especialmente en las grandes empresas", aseguró. "Antes el único objetivo era ganar dinero; ahora eso ya no se lo cree nadie. Precisamente por eso estas inversiones son rentables. Tienen impacto económico y social. Además, la mayoría de jóvenes quieren trabajar en empresas con propósito, y muchas de ellas están vinculadas a las renovables".

Según un estudio de la UPF, "antes de la crisis de 2008, sólo un 30% de la población tenía en cuenta la responsabilidad social a la hora de tomar decisiones; hoy esta cifra supera el 80%", explicó. Además, "todos los estudios que recuerdo indican que estas empresas son más rentables, mejor valoradas por los clientes y también por los trabajadores. El 60% de los jóvenes está pensando incluso en cambiar de empresa", si no coincide con sus valores.

Dicho esto, Oriol Amat advirtió también de las dificultades actuales de que el proceso de implantación de las energías renovables. Y es que, según subrayó "no vayamos bien". "Yo soy un economista optimista, pero los datos no son positivos". Y es que "si comparamos Europa con Estados Unidos, hace décadas la renta per cápita era similar y hoy Europa está prácticamente a la mitad. Y cuando ponemos el microscopio en Catalunya, también estamos perdiendo. Por tanto, no vamos bien. Hay muchas causas, pero la mayoría están relacionadas con el sector energético, que representa cerca del 8% del PIB y el problema no es sólo la mala, sino cómo se aplica".

Cuestiones vinculadas al sector privado actúan como barrera. "Hay poca colaboración. En Europa, el 22% de las empresas colaboran; en España, sólo el 7%, a niveles de México o Turquía. También hay problemas de infraestructuras y de financiación: hay proyectos muy interesantes que no logran financiación".

En cuanto a la volatilidad de los precios, "hay un diferencial claro entre las grandes empresas y las medias. Las pymes pagan aproximadamente un 15% más de coste energético. Esta brecha se ha reducido, pero todavía existe". Por tanto, en opinión de Amat, "aún queda mucho por hacer", aunque ahora la situación se ha estabilizado teniendo en cuenta que "el coste de la energía renovable es inferior".

La inseguridad jurídica juega también en su contra. "No afecta sólo al sector energético, es un problema estructural del país. Finlandia era uno de los países más pobres de Europa, con una fuerte dependencia de Rusia, y hoy es uno de los más ricos. Lo hicieron con leyes de país como, por ejemplo, con la educación. Aquí ese papel debería jugarlo el sector energético. Cataluña es un problema rico a pesar de la baja renta; riquezas". Y esto es clave cuando "muchas inversiones necesitan hasta ocho años para ver los resultados".

Afortunadamente, ahora estamos lejos de casos fallidos como Hola Luz o SolarProfit. "Hemos superado la guerra de precios y el sector se encuentra en una situación más sólida, aunque todavía hay empresas que lo están pasando mal". Sin embargo, la obtención de licencias es todavía un problema. "En algunos países tardan dos años, pero aquí, seis, y eso genera costes y problemas financieros" y "a las empresas que mejor les va es porque están más capitalizadas".