La promoción y el impulso de la vivienda asequible

La dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible y mantenerla es uno de los factores de desigualdad en Cataluña. Por eso, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, el gobierno de la Generalitat ha creado el Plan 50.000 Viviendas, para crear 50.000 nuevas viviendas públicas y asequibles hasta 2030 utilizando suelo público y en colaboración con ayuntamientos, y reservando un 25% para jóvenes, con ayudas directas y fondos de emancipación.

El ARA, en colaboración con el gobierno de la Generalidad de Cataluña, ha organizado una serie de debates en torno a la emergencia habitacional y las políticas públicas que pueden ayudar a resolver el problema. El 18 de diciembre la periodista Laura López condujo la mesa La promoción e impulso de la vivienda asequible en Cataluña, en el que participaron Xavier Mauri, experto en vivienda social, y el sociólogo y politólogo experto en estudios urbanos Alejandro Caamaño, autor deEl derecho a la vivienda. Hacía un enfoque inclusivo y sostenible en la crisis habitacional (Catarata, 2025).

La vivienda asequible

Partiendo de la realidad de que el mercado privado de la vivienda no da respuesta a las necesidades habitacionales, se está desarrollando el concepto de vivienda asequible, lo que antes se conocía como vivienda de protección oficial, que ha ido cambiando con el tiempo para acceder a la propiedad con precios limitados. Esta vivienda asequible está pensada para grandes masas de la población que no tienen acceso a la compra ni al alquiler de vivienda y necesitan una vivienda asequible.

Tradicionalmente, la política de vivienda, aparte de intentar resolver los problemas de acceso a la vivienda, fomentaba la actividad económica, pero los expertos consideran que ya no es posible. "Si nos reflejamos en países donde el 30% del parque de vivienda es social o asequible, son necesarias políticas estructurales que no se han hecho hasta ahora", decía Caamaño, quien aseguraba que la vivienda protegida debe ser una pieza sólida, estructural, que se combine con otras políticas de emergencia de forma más robusta. Los expertos coincidían en que el problema de la vivienda es complejo y no puede solucionarse con un único instrumento. Mauri recordaba que la infraestructura pública se considera el quinto pilar del estado de bienestar. Así como nadie duda de que la sanidad o la educación son un derecho para todos aunque supongan un coste económico, "la vivienda todavía no ha entrado en esta lógica, pero es un problema muy grave que no se resolverá solo".

Caamaño explicaba que la vivienda es un derecho social que debe garantizarse en todo momento, de ahí la necesidad de cambiar hacia una vivienda asequible, para garantizar el derecho y revertir la crisis que se está viviendo: "Necesitamos diversas herramientas. Una de ellas es que entre un 15% y un 20% del suelo público sea un que se cumple la normativa existente". Mauri añadía que debe promoverse una normativa y medidas para que las personas que dispongan de una vivienda que no necesitan puedan utilizarla de una forma más social. Para los expertos en vivienda social, son necesarios muchos instrumentos que deben combinarse e impulsarse, y todos necesitan recursos: "Sin un impulso normativo y presupuestario la realidad no cambia".

Soluciones innovadoras

Uno de los modelos de gestión de la vivienda más importantes es el de Viena, donde el 60% del parque es público. Poniendo el foco en nuestro país, Caamaño destacaba que se depende demasiado del nuevo stock de construcción, y que sería necesario contar con pequeños propietarios para generar una cohesión social dentro de la comunidad y crear promociones mixtas con incentivos a promotoras que ayuden a las actuaciones privadas a tener un control del uso social. Por su parte, Mauri apostaba por que el sector público busque alianzas con entidades sin ánimo de lucro –fundaciones, cooperativas o incluso operadores privados–, "pero en cualquier caso debe haber un control público de la gestión que se hace de los precios y de la calidad de la gestión".

También proponían que stock inmobiliario como oficinas, equipamientos o suelos donde no se está construyendo se movilice hacia la vivienda; que se apueste por densificar poblaciones que están poco densificadas; que se compre stock de vivienda ya existente; que exista una colaboración público-social; que se consiga que el papel de operadores no públicos sea relevante; que se salgan adelante iniciativas tripartitas –llamadas Community Land Trust– entre la administración pública, entidades sociales y la comunidad, para no depender sólo de la voluntad política, o que se compren fondos y se reutilice stock existente. "Si no conseguimos un mínimo del 15% de vivienda pública, difícilmente revertiremos la crisis de la vivienda ni su lógica mercantil". Para Caamaño, cuando se habla de políticas públicas, la palabra clave es interseccionalidad: "Deben ser políticas que tengan en cuenta una serie de diversidades y necesidades de las personas". Xavier Mauri también insistía en que hay que tener en cuenta la mezcla social y promover vivienda asequible que sea diversa dentro de los mismos edificios: "Tenemos la oportunidad de empezar a construir un nuevo modelo más social que tenga en cuenta la diversidad", concluía.