El alcalde que obliga al Elíseo a cumplir los acuerdos climáticos con una sentencia histórica

ParísEl pueblo de Grande-Synthe (Altos de Francia), al lado de Dunkerque, denunció en noviembre de 2018 nada más y nada menos que al Elíseo porque incumplía varios acuerdos medioambientales. El alcalde de entonces, el ecologista Damien Carême, alerta de que el aumento del nivel del mar podría provocar la inundación de su villa costera y se desespera cuando, a su parecer, el gobierno francés se queda con los brazos cruzados ante un "peligro demasiado real e inminente". Así, si bien al principio el proceso judicial que puso en marcha parecía una quijotada, finalmente ha conseguido hacer meter en cintura al ejecutivo de Emmanuel Macron: el 1 de julio el tribunal de última instancia, el Consejo de Estado, ratificó una sentencia histórica que obliga al gobierno a adoptar "todas las medidas útiles para doblar la curva de emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero y garantizar que se cumplan los acuerdos medioambientales". Al cabo de unos meses de que Carême pusiera la denuncia, también se añadieron al proceso judicial los ayuntamientos de París y de Grenoble y asociaciones como la fundación Nicolas Hulot, Greenpeace Francia y Oxfam Francia, hecho que dio un impulso importante a la empresa.

Estas mismas ONG ya consiguieron una victoria en febrero en una demanda paralela a esta. Entonces fue el Tribunal Administrativo de París quien declaró culpable al gobierno de Macron por incumplir sus compromisos de reducción de emisiones, y lo condenó a pagar un euro a los demandantes como indemnización simbólica por los "daños morales" de su actuación. Esa sentencia, sin embargo, todavía puede ser recurrida, mientras que la impulsada por el alcalde de Grande-Synthe ya es una sentencia firme, ratificada por el tribunal más alto del estado.

"Finalmente, este comportamiento criminal ha sido condenado. El último informe anual del Alto Consejo para el Clima demuestra una vez más que Francia queda atrás en relación con los objetivos que promete. Se tiene que duplicar el porcentaje de reducción [actualmente es del 1,5%] de emisión de CO₂ y lograr al menos una caída del 3% cuanto antes mejor", explica Carême, que ahora es eurodiputado de los Verdes. Ahora bien, ¿qué pasa si el gobierno francés continúa sin respetar los acuerdos? Si en un plazo de nueve meses —justo antes de las elecciones presidenciales de abril de 2022— el Consejo de Estado considera que el Elíseo no ha hecho nada para cambiar la tendencia, podría ponerle una sanción millonaria.

De hecho, después de la sentencia del caso de Carême, esta semana, el Consejo de Estado ha multado al ejecutivo con 10 millones de euros para incumplir otra sentencia de 2017 que lo obligaba a reducir la polución del aire. Este proceso judicial lo inició la organización ecologista Amigos de la Tierra y también ha ido creando precedente: nunca antes un juez administrativo había impuesto una cantidad tan elevada de dinero al gobierno por no respetar compromisos adquiridos. "Las consecuencias en términos de salud pública son muy graves y es urgente abordarlo", justifica la sentencia, que se centra en la contaminación por partículas ultrafinas, como las PM2,5 y PM10, y NO₂, que provienen sobre todo de los coches y causan graves afectaciones en los pulmones. Además, el Consejo de Estado multará cada semestre con 10 millones de euros más al gobierno si no hace los deberes. La sentencia también remarca que Francia no respeta el Acuerdo de París, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Aarhus y el Protocolo de Kyoto.

Precisamente, el día después de los buenos resultados de los candidatos ecologistas en las elecciones municipales de junio de 2020, Macron prometió invertir 15.000 millones de euros para adaptar la economía francesa a las exigencias ecológicas. Además, el gobierno aseguró que 30.000 millones de euros del plan de relanzamiento de la economía para hacer frente a la crisis del coronavirus irían destinados a transformar Francia en un país "mucho más verde". Más allá de la retórica, sin embargo, cuando el Consejo de Estado dio tres meses al ejecutivo para que argumentara por qué no había cumplido los objetivos de reducir las emisiones de CO₂, el gobierno no lo consiguió.

Una estrategia que se extiende por todas partes

Durante los últimos años, cada vez son más los militantes y las entidades ecologistas que llevan a los tribunales los incumplimientos de los acuerdos climáticos. Según un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los litigios relacionados con el cambio climático se han duplicado en todo el mundo durante los últimos tres años: se ha pasado de 884 casos en 2017 a 1.550 en 2020. En este sentido, el Consejo de Estado francés resigue diferentes sentencias emblemáticas, como la de diciembre de 2019 del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que obligó al gobierno a reducir un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del caso Urgenda, o la del 27 de febrero de 2020 de un tribunal de apelación británico que declaró ilegal la extensión del aeropuerto de Heathrow porque no se había evaluado el impacto ambiental, sobre todo en cuanto al Acuerdo de París. Fue en este contexto cuando Carême vio una rendija de oportunidad y judicializó la inacción del gobierno francés contra el cambio climático. "Quería acabar con este letargo y pensé: «Quiénes son los responsables?» Los de arriba. Para empezar, los estados, que no hacen nada y tienen una parte muy importante de culpa", señala el exalcalde de la villa de Grande-Synthe.