Hablan las víctimas de la cirugía estética letal en Colombia

Medellín (Colombia)La primera operación estética fue el aumento de glúteos, cuando una amiga le inyectó aceite de silicona en las nalgas en un hotel de Cale, en Colombia. La Valerie Millán de entonces tenía 16 años y estaba desesperada por tener formas de mujer, así que esta fue la solución más rápida y asequible que encontró en su ciudad natal. El aceite de silicona es un biopolímero, una sustancia sintética y tóxica que Colombia está en proceso de prohibir. La amiga de Valerie era otra mujer trans, sin ninguna titulación en medicina, que ayudaba a las del colectivo a cumplir su sueño de tener cuerpos coherentes con su género. Y el hotel es lo que allí se llama una clínica de garaje, es decir, un local donde se practican cirugías estéticas de manera informal y a bajo coste.

La escena tiene todos los ingredientes de la cara B de la industria de la medicina estética en este país latinoamericano. “Antes, las prótesis eran muy caras”, explica la joven de 27 años, mientras pasea cerca del Aeroparque Juan Pablo II, en la ciudad de Medellín, sonriendo cada vez que una cabeza sale por la ventana de un vehículo para lanzarle un piropo en honor a sus curvas. “No me ha molestado ni se me han puesto morados [los glúteos], pero es una bomba de relojería”, confiesa.

Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, con unos 2,5 millones de habitantes, donde hay uno de los principales clústeres de turismo médico. El 2021, el 7% de los servicios prestados a pacientes extranjeros fueron de cirugía plástica. En todo Colombia, este sector generó unos 69,2 millones de euros el 2019, al tipo de cambio actual y según datos del gobierno. De hecho, es el país número 13 en el ranking mundial de procedimientos estéticos el 2020, justo después de España y Grecia, con un total de 366.312, según la última encuesta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, en las siglas en inglés).

Pero esto son los datos oficiales, porque las que afectan las intervenciones de garaje y sus efectos escasean. El 2017, un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que las muertes en cirugías estéticas habían pasado de 13 el 2015 a 30 el 2016, de las cuales 21 eran mujeres. “En Neiva no entienden la muerte de una mujer que se sometió a una cirugía estética”, publicaba el 6 de abril el portal web Noticias RCN. Este tipo de titulares ya no sorprenden. Este año, como mínimo, siete mujeres han muerto después de someterse a intervenciones quirúrgicas con este fin. En dos de los casos, el profesional ya había sido señalado ante la justicia.

Activismo inacabable

No fue hasta el 2016 que la letalidad asociada a procedimientos estéticos adquirió notoriedad pública. Fue gracias a la portada de la edición dominical del diario El Espectador, donde aparecían los pezones deformados de Lorena Beltrán a consecuencia de una cirugía de reducción de pecho, un año antes. “Caí en manos equivocadas, porque hoy el médico está cuestionado por la justicia”, explica, a pesar de que es periodista y asegura que se encargó de hacer una búsqueda exhaustiva sobre en qué manos ponía su cuerpo. “Me ponía gelatina sin sabor para curar la herida y me suturó en vivo”, explica.

Su caso todavía está bajo investigación. Fue gracias a su búsqueda que se hizo pública una lista de 42 médicos que habían acudido a Brasil a cursar una formación sobre procedimientos estéticos y los habían convalidado en Colombia como si fueran especializaciones. “Una especialidad tarda entre tres y cinco años. Estos cursos duraban horas. Condenaron a una funcionaria del ministerio de Educación”, recuerda, sobre la única condena de prisión que ha habido en su caso. Desde entonces, Lorena se ha convertido en una activista para la reglamentación de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Una causa que resume en el lema #CirugiaSeguraYA.

Beltrán explica que, como no hay ninguna regulación clara de quién puede operar, la puerta está abierta para los que no tienen ni la preparación ni las instalaciones adecuadas. Hasta cinco proyectos de ley han pasado por el Congreso de la República. El último, el 2020. Su artífice, la congresista Margarita Restrepo, espera a que se someta al debate final antes del 20 de junio, cuando se acaba la legislatura. “[Esta industria] mueve tanto dinero que no ha sido posible regularla”, asegura, en entrevista telefónica. “Hace ocho años que lo intento, pero en el Congreso la tumban, porque hay una especie de mafias, que digo yo”, añade, en relación con el grupo de presión del sector, que presiona por que la ley no acabe en el Diario Oficial de Colombia.

Impunidad

Pero Beltrán teme que con esta ley no haya suficiente. Primero, porque si el debate parlamentario redacta una norma poco específica, continuará habiendo vía libre para los intrusos y la clandestinidad. Y porque, una vez que entre en vigor, se tendrá que aplicar. “Lo que hacen muchas clínicas es cerrar cuando ha muerto un paciente y, el día siguiente, cambian la razón social para que nadie sospeche”, explica la activista. El 2021, en la capital colombiana, Bogotá, de 72 visitas que la secretaría del distrito de Salud realizó a establecimientos relacionados con la cirugía plástica y estética, 18 fueron clausurados.

A esta desprotección se suman las voces que cuestionan las víctimas. “Dicen que esto nos pasa por vanidosas. Pero si hay mujeres que se están muriendo por prácticas clandestinas, la pregunta no es por qué se operan, sino por qué el estado permite que esto todavía pase impunemente”, concluye Beltrán.