Licencia para matar: la policía brasileña apaga las cámaras para esconder las ejecuciones de delincuentes

Sao PauloDesde mediados de los años 80, se ha extendido y aplicado a Brasil la máxima “bandido bom é bandido morto” ("el delincuente bueno es el delincuente muerto"), una respuesta rápida, contundente y muy popular ante el aumento desbocado de la criminalidad en los grandes centros urbanos. El eslogan, que no es casualidad que fuera creado por un comisario en Río de Janeiro en una campaña electoral, se ha traducido en la práctica en un cheque en blanco para los cuerpos policiales para que puedan extralimitarse de sus funciones cuando y como quieran.

Sin embargo, las autoridades han tenido que encontrar un freno ante las violaciones reiteradas de derechos humanos por parte de los agentes, sobre todo en las favelas y barriadas pobres. La solución, relativamente barata, sencilla y muy eficaz, ha llegado en forma del sistema de cámaras corporales, incorporadas en el uniforme del agente, que graban íntegramente la jornada de trabajo. La medida, allí donde se ha implementado en los últimos años (en Santa Catarina, en Sao Paulo y, por orden judicial, en Río de Janeiro), ha tenido una consecuencia causa-efecto inmediata.

Por ejemplo, en Sao Paulo, en el 2021 –su primer año de funcionamiento– hubo una disminución del 90% de muertes en manos de policías. La aceptación popular es incuestionable. La ciudadanía se siente mucho más segura y protegida frente a la posible violencia ejercida impunemente por los agentes. En la capital paulista, un 88% defienden su uso, como refleja una encuesta realizada en marzo.

Sin embargo, las cámaras corporales están en el punto de mira de la extrema derecha, que tiene como uno de sus tres pilares electorales los cuerpos policiales –contabilizan más de 780.000 efectivos en el país–, sus familias y el ejército ; los otros dos son los evangélicos y los grandes terratenientes.

El expresidente Jair Bolsonaro está fuera de combate y contra las cuerdas: inhabilitado políticamente hasta el 2030, investigado por el intento de golpe de estado del 8 de enero del 2023 e imposibilidad de dejar el país porque tiene su pasaporte retenido. Ahora son sus cachorros políticos, los gobernadores escogidos con el apoyo electoral implícito del expresidente, los que boicotean desde dentro del sistema la grabación de imágenes, congelando partidas presupuestarias y animando a los agentes a taparse la cámara.

Venganza policial

El caso paradigmático es el del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Desde que asumió el cargo el 1 de enero del 2023, la policía militar paulista ha protagonizado dos operaciones en la región litoral de Santos, que contabilizan 84 muertes: ambas son actos de venganza puestos en marcha tras el asesinato de sendos agentes a manos de narcotraficantes. Es una matanza sin precedentes en el estado, salvo por el asalto a la cárcel de Carandiru en 1992, en la que se ejecutaron 111 reclusos.

Sao Paulo ha importado el modus operandi policial aplicado a las favelas de Río de Janeiro, donde los agentes tienen licencia por matar. Las ONG, que han presentado una queja al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explican que uno de los factores de la escalada de la violencia en el estado paulista es el completo abandono del uso de las cámaras por parte de los agentes .

Ejecuciones sumarias y negación de ayuda médica

El inventario de ilegalidades denunciadas incluye ejecuciones sumarias, disparos de fusiles letales en la región de la cabeza y el tórax a corta y larga distancia, negación de ayuda médica a los heridos, transporte de muertes en centros hospitalarios (para enmascarar el asesinado), modificación de escenas donde ha habido víctimas fatales en las que incluso se impide el acceso de los peritos, intimidación y agresiones a familiares de los asesinatos, invasión de propiedad privada...

Tarcísio de Freitas, que suena como candidato de la extrema derecha a las elecciones del 2026 para enfrentarse a Luiz Inácio Lula da Silva, saca pecho de los “logros policiales”. El aumento de la letalidad es la punta del iceberg. De puertas adentro, se está llevando a cabo una bolsonarización de la policía, que cabe recordar que es un cuerpo militarizado. Ha habido el cambio de 34 coroneles, sustituidos por profesionales extremistas. El diputado federal, Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, tiene entrada libre en la secretaría de Seguridad Pública, donde ha colocado a dedo a un colaborador suyo, Guilherme Derrite, un expolicía apartado de sus funciones en el 2012 por el uso excesivo de la violencia.

Moviendo los hilos desde fuera, Jair Bolsonaro está consiguiendo en Sao Paulo lo que intentó hacer sin éxito durante su mandato con la Policía Federal: formar un cuerpo policial politizado y radicalizado a su servicio.