Los aviones 'made in Spain' con los que Arabia Saudí bombardea Yemen

BarcelonaLas evidencias de atrocidades y posibles crímenes de guerra cometidos en Yemen por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se amontonan desde hace años: bombardeos sistemáticos sobre población civil, hospitales, escuelas y barrios residenciales han quedado acreditados en los informes de ONG y del grupo de expertos de la ONU. Pero esto no ha servido para cambiar la política de venta de armas española, que desde 2015 hasta el primer trimestre del año pasado (los últimos datos disponibles), ha vendido a los dos países del golfo Pérsico armas por valor de 1.600 millones de euros. Unas armas que tienen un papel clave en estos bombardeos: los cazas Eurofighter Typhoon y los aviones A330 MRTT, que les permiten abastecerse de combustible en pleno vuelo. Son aparatos fabricados en Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid), y han sido utilizados en los bombardeos en Yemen, según acredita un informe difundido por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, Amnistía Internacional y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).

Airbus e Iberia

"Algunos componentes del avión Eurofighter que se fabrican en las instalaciones de Airbus en España son entregados a BAE Systems en Reino Unido y de allí los exportan a Arabia Saudí. Desde el inicio del conflicto se han entregado aeronaves de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT así como piezas [directamente] a Arabia Saudí. Además, hay informaciones públicas que indican que algunas de estas aeronaves eran sometidas a tareas de mantenimiento en España. Varias fuentes de información, incluidas las gubernamentales, han confirmado el uso de Eurofighters Typhoon en los bombardeos aéreos que lleva a cabo la coalición en Yemen desde marzo de 2015. Fuentes de Defense News también confirman que tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos han usado la aeronave de reabastecimiento A330 MRTT fabricada por Airbus España en su campaña aérea en Yemen", detalla el informe. Se calcula que casi 20.000 personas han muerto o han resultado heridas en unos 25.000 ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí y los Emiratos desde 2015 en Yemen, en un conflicto que ha dejado 2,5 millones de desplazados internos en uno de los países más empobrecidos del mundo, que sufre ahora mismo la peor crisis de hambre del planeta.

"Hemos documentado en un informe de mil páginas centenares de bombardeos aéreos saudíes en Yemen y hace falta una comisión de investigación internacional que determine la responsabilidad de cada parte en el conflicto y de cada empresa en los crímenes de guerra que se han cometido", explica al ARA en una conversación telefónica Abdulrasheed al-Faqih, investigador de la ONG yemení Mwatana for Human Rights.

Según las ONG, estas exportaciones son contrarias a la legislación española y europea, y también al Tratado sobre Comercio de Armas, que prevén suspender, negar o revocar las autorizaciones de exportación de armas cuando hay indicios racionales de que pueden ser utilizadas en situaciones de violación grave del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Amparados en el secreto de estado

A pesar de las evidencias agobiantes, las exportaciones de armas españolas en el golfo Pérsico han seguido amparadas en la ley de secretos oficiales de 1968. El Centro Delàs presentó en julio de 2019 una petición de información al ministerio de Industria (que tiene que autorizar todas las exportaciones de armas españolas) en relación con los componentes del caza Typhoon, una petición que fue rechazada al amparo de esta ley franquista.

Para Calvo no hay ninguna duda de que "España ha contribuido de manera decisiva en los bombardeos saudíes en Yemen, sobre todo con el reabastecimiento de los aviones en vuelo, que permite hacer las operaciones mucho menos costosas y arriesgadas porque los aparatos se quedan en zona de combate y no tienen que volver a la base". Sí que se sabe que siguen las entregas de las fragatas encargadas por Arabia Saudí a Navantia, la empresa pública de construcción naval. Las operaciones de mantenimiento de los aviones entregados en Arabia las ha hecho durante la guerra una subcontratada de Iberia y "los propios informes del Gobierno español acreditan el envío de piezas de repuesto", denuncia Calvo.

Responsabilidad penal de directivos y responsables políticos

El objetivo de las ONG es que el Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue el caso, eventualmente para llevar a la Haya a los directivos de las empresas implicadas y también los responsables políticos que autorizaron las exportaciones. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos exigen a las empresas del sector armamentístico y a los responsables políticos que hagan una evaluación de riesgos, y el Estatuto de Roma del TPI prevé responsabilidades penales por complicidad, encubrimiento o colaboración en crímenes de guerra o en el suministro de medios para cometerlos.

La petición de investigación al TPI ya se presentó en diciembre de 2019 y, hoy por hoy, no se ha recibido respuesta, "a pesar de que la Fiscalía del tribunal nos ha pedido información adicional, lo que nos hace tener motivos de esperanza", dice Calvo. Las entidades confían en que al menos el TPI inste en investigar a las fiscales con quienes trabaja en los estados implicados en el envío de este tipo de armamento: España, Reino Unido, Francia y Alemania. En este sentido Calvo se muestra escéptico con la reforma del reglamento de exportación de armas que aprobó el año pasado el Gobierno español y que persigue un control a posteriori de exportaciones a destinos controvertidos para verificar que no son utilizadas de forma contraria a la ley, lo que genera dudas, puesto que según afirma Calvo "España no parece tener capacidad ni medios de verificar con garantías".