Biden propone un camino para regularizar a once millones de indocumentados
Los demócratas presentan en el Congreso un proyecto de ley que necesitará el apoyo republicano
El último intento de reforma naufragó en 2013. La última gran ley migratoria aprobada por Washington data de 1986, cuando presidía Ronald Reagan. Entonces cerca de 3 millones de indocumentados recibieron una amnistía. Cualquier intento de reformar las leyes de inmigración en Estados Unidos ha fracasado desde entonces. En 2021, después de los cuatro años de Donald Trump, del muro con México, de la separación de menores o de una dura retórica de criminalización, el presidente Joe Biden promueve un nuevo y ambicioso intento. No lo tendrá fácil.
Se calcula que en Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados. También alrededor de 800.000 dreamers, inmigrantes llegados de forma irregular cuando eran menores de edad, que quedaron protegidos de la deportación gracias a un programa de la administración Obama que Trump pretendió anular. A todos ellos pretende darles Biden la opción de regularizar su situación y abrir las puertas de la ciudadanía. Los primeros deberían culminar un proceso de ocho años. Los segundos, de tres. Los mismos años que se requeriría a los temporeros del campo y a personas que tienen un estatus de protección temporal (TPS, en inglés), que protege de la deportación a ciudadanos de determinados países que han sufrido un desastre natural o que viven un conflicto armado.
Los demócratas presentaron ayer oficialmente este proyecto de ley que, de aprobarse, beneficiaría a aquellos inmigrantes que prueben haber llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021. De esta forma se busca evitar el efecto llamada. En una comparecencia virtual antes los medios, explicaron algunos detalles de la ley. Para darle simbolismo, la presentación corrió a cargo del senador Bob Menéndez y de la congresista Linda Sánchez, ambos hijos de emigrantes de Cuba y México, respectivamente, y principales patrocinadores de la reforma.
El objetivo de la ley es “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses a nuestro sistema migratorio”, explicó Menéndez. “Es una obligación moral y económica aprobar una reforma migratoria que sea grande, audaz y completa”, añadió. Y es que, según defendió, los inmigrantes vienen a Estados Unidos “no a pedir limosna, vienen aquí para trabajar duro” en el campo o en la industria cárnica, en puestos en los que muchos estadounidenses declinan trabajar. Para el senador, son trabajadores “esenciales sin los que nuestra economía no funcionaría”. Por ello concluyó que “es hora de sacar de las sombras a once millones de indocumentados”.
Política de trincheras
Las esperanzas de estos migrantes se enfrentan, sin embargo, a la realidad de la política de trincheras en un Capitolio que parece difícil que pueda ponerse de acuerdo en una reforma tan ambiciosa. “No somos ingenuos sobre los retos que se nos presentan por delante”, reconoció la congresista Sánchez. “La ley que presentamos es un punto de partida, es la visión del presidente”, apuntó antes de admitir que su versión final no tiene necesariamente por qué ser exactamente la presentada anoche.
Para aprobarla, los demócratas necesitan que al menos diez senadores republicanos se sumen a un teórico apoyo en bloque de los suyos para, de esa forma, poder llevarla al Despacho Oval para que Joe Biden la firme. Lo improbable de esta circunstancia hace que gane enteros la opción de trocear la ley para, al menos, tratar de garantizar algunos de sus aspectos. El propio Joe Biden indicó el martes en CNN que estaría dispuesto a ello, aunque definió el proyecto de ley como “razonable”.
Las conversaciones con los republicanos ya han empezado, apuntó Bob Menéndez. Según el senador, sus colegas conservadores han mostrado interés en algunos aspectos de la ley, por lo que espera que al menos sirvan como atractivos para una negociación que permita una reforma “robusta” del sistema migratorio. Anticipó, eso sí, que una opción sería esa partición, en la que los dreamers cuentan de inicio con un respaldo mayoritario de la población.
Uno de los puntos de fricción habituales entre demócratas y republicanos suele ser cómo asegurar la frontera con México. Paralizada la construcción del muro de Trump, los demócratas defienden que su propuesta incluye el desarrollo tecnológico del control en las aduanas, donde aseguran que entra la mayor parte del contrabando.
