Internacional 01/12/2021

La Comisión Europea propone que Polonia, Letonia y Lituania puedan recortar los derechos de asilo

Bruselas no garantiza que estos tres socios estén respetando el derecho a protección internacional

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La presidenta de la Comisión  Europea, Ursula Von der Leyen, con los presidentes de Grecia y Croacia, Kyriakos Mitsotakis y Andrej Plenkovic el presidente del Consejo  Europeo, Charles Michel, y el del Eurocámara, David Sassoli.

BruselasDesde el 2015, la respuesta de la Unión Europea ante cualquier reto relacionado con la migración es reforzar la Europa fortaleza, y la crisis en la frontera entre Bielorússia y varios países europeos no está siendo una excepción. Este miércoles, la Comisión Europea ha cedido a las peticiones de Polonia, Lituania y Letonia y, teniendo en cuenta que ninguno de estos tres países está garantizando actualmente el derecho a asilo de las personas llegadas desde Bielorrusia, Bruselas propone que sus gobiernos puedan recortar el derecho a la protección internacional de los refugiados que llegan con la intención de pedir asilo.

Bruselas prevé, pues, que estos tres socios europeos puedan retener a los solicitantes de asilo durante más tiempo en las fronteras sin resolver sus peticiones de asilo. La medida se aplicaría durante seis meses y también de manera retroactiva para las personas que ya están en sus fronteras de acuerdo con el artículo 78(3) del tratado de la UE, que prevé medidas "excepcionales" en este ámbito.

En la práctica esto se haría a través de varias medidas que pretenden desincentivar las solicitudes, como, por ejemplo, un periodo más largo de registro durante el cual los solicitantes quedan retenidos en las fronteras. Es decir, una vez una persona cruza desde Bielorrusia hasta la frontera europea y solicita asilo, las autoridades polacas, lituanas o letonas tendrían cuatro semanas para registrar la petición en vez de los diez días que tienen actualmente. Además, todo el proceso de resolución y también de recurso de la decisión se alargaría hasta dieciséis semanas, durante las cuales estas personas podrán ser retenidas por los gobiernos en cuestión en los centros que se han habilitado en las fronteras y no dentro del país.

Facilitar las deportaciones

También se prevé hacer más fácil la deportación o "retornos", como los denomina Bruselas. Sobre el terreno, Polonia ha aprobado una ley que legaliza las devoluciones en caliente, es decir, forzar a una persona a volver sin darle opción a solicitar asilo, como obliga el derecho internacional. Bruselas no se pronuncia sobre esta ley y, cuando le han preguntado por la cuestión, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha justificado a los países afectados por las "dificultades" de gestionar una "situación excepcional" y se ha limitado a pedir a estos gobiernos que "cumplan" con la legislación internacional ahora que tendrán todo este conjunto de normas más "flexibles".

Bruselas ya anticipó hace una semana que pretendía activar de manera excepcional esta vía, el mismo día que anunciaba que pagaría los vuelos para volver desde Minsk hacia países como Irak y que presentaba el proyecto que tiene que permitir que la Unión Europea sancione a aerolíneas o agencias de viajes que transportan a personas migrantes hacia territorio europeo como parte de un llamado "ataque híbrido" que "instrumentaliza" a personas con finalidades políticas. Así pues, las propuestas de Bruselas encaminan a la Unión Europea hacia un blindaje cada vez más grande por tierra, mar, aire y también por la vía legal en la línea de las reiteradas peticiones de países como Polonia o Hungría, que rápidamente se posicionó junto a las demandas de Varsovia.

Una política similar a todo este conjunto de medidas ya se aplicó en Grecia, sin que el país mediterráneo contara con el visto bueno de la Comisión Europea, cuando la Turquía de Erdogan también abrió las fronteras a miles de personas refugiadas de la guerra de Siria para chantajear al conjunto de la UE y conseguir más dinero a cambio de retener a todos estos refugiados. Entonces, el gobierno griego suspendió durante un mes el derecho de asilo, se documentaron episodios de violencia de las autoridades fronterizas contra los migrantes y la Comisión Europea miró hacia otro lado, escudándose en el hecho de que no podía garantizar que se cumpliera el derecho internacional en la frontera.

Todo ello se impulsa ante una crisis en Bielorrusia en la que las cifras de personas migrantes atrapadas en las fronteras son muy menores que las de personas que llegan de manera recurrente a los países del sur de Europa y cuando la propia UE ya considera el pulso con Bielorrusia en proceso de "desescalar". En paralelo, también está la crisis del canal de la Mancha, donde, después de la muerte de decenas de personas que intentaban llegar desde Francia a Reino Unido, la solución acordada hasta ahora es que un avión de la agencia europea Frontex patrulle las aguas para interceptar embarcaciones. Además, Polonia ha declarado el estado de excepción en la frontera donde está construyendo un muro por el que reclama fondos europeos y prohíbe el acceso a los medios y las organizaciones no gubernamentales mientras se denuncia el uso de la violencia contra las personas que intentan cruzar.

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