¿Por qué el derecho al aborto en Estados Unidos cuelga de un hilo?

Un borrador de resolución del Tribunal Supremo que se ha filtrado prevé que deje de ser un derecho constitucional

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Una manifestante contraria al aborto, en una concentración delante del Tribunal Supremo este martes

¿Qué dice el borrador?

El prestigioso portal Politico ha publicado el borrador de un dictamen firmado por el juez conservador del Tribunal Supremo Samuel Alito que fija su posición a favor de la ley que ha aprobado el estado de Misisipí, que ha prohibido el aborto más allá de las 15 semanas de embarazo. El dictamen, que tendría el apoyo de cinco de los nueve jueces del tribunal, desafía abiertamente la doctrina que se había aplicado desde 1973, en el caso Roe contra Wade, y que determina que el estado no puede interferir en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El texto filtrado dice que la resolución de 1973 era "terriblemente errónea desde el principio" y que tiene que ser anulada porque hace falta "devolver el tema del aborto a los representantes electos", es decir a los legisladores de cada uno de los estados.

¿Qué es la doctrina Roe contra Wade?

Aprobada el 1973, la doctrina estableció que las mujeres norteamericanas pueden abortar hasta que el feto puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. El 1973 este límite se situaba en las 28 semanas de embarazo, y ahora, gracias a los adelantos médicos, se suele fijar en las 24. Roe contra Wade es el caso que llevó a los tribunales Norma McCorvey (con el pseudónimo de Jane Roe), una camarera de Texas, cuando tenía 22 años y estaba embarazada de cinco meses de su tercer hijo. Hasta entonces solo era legal abortar en Estados Unidos en caso de peligro vital para la madre. Wade era el fiscal de Texas que se enfrentó a la demanda. Fue entonces cuando se estableció la doctrina de los trimestres: en el primer trimestre se permitía el aborto, en el segundo con algunas restricciones para proteger la salud de la madre y en el tercero los estados lo podían prohibir siempre que establecieran excepciones para proteger la vida y la salud de la madre. Esta doctrina se ratificó con el caso de Planned Parenthood contra Casey, de 1992, que ratificó el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo antes de que el feto sea totalmente viable.

¿El borrador es definitivo?

No, porque la decisión final del Supremo se espera este junio. Lo que se ha hecho público esta madrugada es un borrador que se ha filtrado en el proceso de deliberaciones. Pero el borrador llega después de una votación a mano levantada en el Supremo que indica que la mayoría de sus miembros están de acuerdo. Es después de esto que se designa un juez, en este caso Alito, para redactar el borrador de dictamen. Este borrador todavía se puede modificar hasta que el veredicto se haga público.

¿Hay precedentes de una filtración como esta?

No es la primera, pero probablemente esta filtración es la brecha de seguridad más grave de la historia del Tribunal Supremo estadunidense. Circulan todo tipo de especulaciones para explicarla: desde que los sectores progresistas han querido levantar la liebre antes de que fuera demasiado tarde hasta que han sido los mismos conservadores los responsables de la filtración para preparar el terreno. En todo caso, es todo un terremoto en el sistema judicial norteamericano.

¿Qué implica?

El hecho tiene consecuencias enormes. Si el Tribunal Supremo acaba dejando caer la protección constitucional al derecho al aborto, hasta 26 estados de los Estados Unidos gobernados por los republicanos pueden imponer leyes restrictivas sin ningún límite, ni siquiera en caso de violación o de incesto. Esto afectaría a 36 millones de mujeres en edad fértil en los Estados Unidos, según afirma la asociación Planificació Familiar. El impacto real tendrá un claro sesgo de clase y geográfico: las mujeres de los estados gobernados por los demócratas y las que vivan en otros estados, pero tengan medios para viajar podrán continuar abortando en las clínicas donde la interrupción voluntaria del embarazo continué siendo legal. En cambio, las mujeres pobres que vivan en estados controlados por los republicanos, donde la protección social también es mucho más débil, tendrán que sacar adelante el embarazo o arriesgarse a someterse a un aborto clandestino sin ninguna garantía sanitaria.

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