Trabajo
Internacional  /  Europa 14/09/2022

Bruselas quiere prohibir la venta de productos hechos con trabajos forzados

La Comisión pretende que la medida tenga un efecto disuasorio en las empresas y estados explotadores

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Trabajadores en una fábrica textil de Camboya

BruselasDespués de que esta semana la Organización Internacional del Trabajo hiciera público que durante los últimos cinco años las víctimas de los trabajos forzados han aumentado un 10,8% hasta llegar a los 27,6 millones en todo el mundo, la Comisión Europea ha anunciado este martes que propondrá prohibir la importación y la exportación a la Unión Europea de productos hechos con trabajadores forzados. Más allá de las diferentes normativas europeas y estatales que ya persiguen la explotación laboral, el ejecutivo comunitario pretende con esta nueva medida disuadir a las empresas y a los estados de todo el mundo de seguir con esta práctica. Quiere evitar que puedan vender sus productos, con el consiguiente beneficio, a la UE.

Las investigaciones constarán de dos fases: primero, se centrarán en qué empresas, estados, sectores y zonas geográficas presentan más riesgo de tener casos extremos de explotación laboral y de gran magnitud para priorizarlos; segundo, tratarán de averiguar a través de autoridades y testigos independientes si llevan a cabo esta práctica. En el supuesto de que se identifique un producto hecho por trabajadores forzados, el fabricante lo tendrá que retirar del mercado y asumir los costes.

La pregunta del millón, sin embargo, es cómo Bruselas seguirá el rastro de los productos y hasta qué punto podrá comprobar realmente si la mercancía en cuestión ha sido fabricada por una compañía —sobre todo si es de fuera de la UE— que tiene trabajadores forzados. La Comisión confía en que las administraciones públicas y las empresas colaboren en las investigaciones que se lleven a cabo, puesto que si no también se enfrentan a la prohibición de vender en la Unión Europea. Además, en cuanto a los estados miembros, estarán obligados a designar a autoridades con facultades y recursos para hacer cumplir este reglamento en su territorio y contarán con una base de datos en la que los Veintisiete volcarán toda su información sobre explotación laboral.

Fuentes comunitarias aseguran que no tienen previsto ningún tipo de presupuesto extra para esta iniciativa porque serán sobre todo los propios estados miembros los encargados de sacar adelante las investigaciones. También señalan que no se prevé que la normativa entre en vigor hasta dentro de al menos dos años, después de que haya obtenido el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo, y argumentan que, para que sea efectiva, se necesita todo este tiempo para coordinar bien a los Veintisiete y crear una estructura de investigación que funcione correctamente.

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