El laborismo nacionalizará los trenes y mejorará las relaciones con la UE

LondresCenicienta se ha hecho laborista e incluso nacionalizará las líneas de tren, subirá los impuestos a las escuelas privadas y favorecerá la construcción de nuevas viviendas, hasta 1,5 millones. La carroza dorada del jubileo de diamantes de Isabel II que ha conducido al rey Carlos III y la reina Camila desde el palacio de Buckingham hasta el palacio de Westminster este miércoles a media mañana, para la ceremonia del discurso del rey o la apertura del año legislativo, ha llegado no convertida en calabaza sino, por el contrario, cargada con 40 nuevas leyes y proyectos bajo la larga capa del monarca.

Starmer presenta más proyectos legislativos que Tony Blair en su primer año de gobierno (1997), para mostrar así que los 412 diputados del nuevo ejecutivo tienen energía y bastante suficiente para dar la vuelta al país como un calcetín, algo que ya le convenía.

En un día de verano como hasta ahora no ha habido todavía en Londres, y con el despliegue de la pompa y la circunstancia habitual de las grandes ocasiones, Carlos III, en funciones de ventrílocuo del primer ministro, ha puesto las bases de las prioridades de la mayoría surgida de las elecciones del 4 de julio. Y, aparte de las iniciativas ya apuntadas, el laborismo pretende poco menos que la cuadratura del círculo: "Garantizar el crecimiento económico" pero siempre cumpliendo con una "estabilidad", que será "la piedra angular de la política económica" del gobierno, en la que "cada decisión será coherente con las reglas fiscales" fijadas por el propio gobierno, ha dicho el rey. Es decir, Starmer no quiere estirar más el brazo que la manga.

Y, sin embargo, la ambición es mucha. Las principales propuestas incluyen una revisión radical de las normas de planificación para impulsar el mencionado crecimiento del parque inmobiliario y la modernización de infraestructuras, la resurrección del plan de Rishi Sunak de introducir una prohibición paulatina de fumar, la descentralización de poderes en los entes locales ingleses, el reforzamiento de las competencias del regulador de agua para mejorar su calidad, la modernización del sistema de asilo e inmigración y el establecimiento de un nuevo mando de seguridad fronteriza, la consagración de una ley por "derecho lleno a la igualdad salarial", la derogación de la ley del perdón (amnistía) para los crímenes cometidos durante los Troubles de Irlanda del Norte, una reforma de muy poco alcance de la Cámara de los Lores para eliminar el derecho de los pares hereditarios a votar, la creación de una empresa pública de energía y la voluntad de "restablecer" una relación mucho más fluida con la Unión Europea y "mejorar" el acuerdo comercial posterior al Brexit.

El programa presentado es, en resumen, una mezcla de las promesas hechas durante la campaña –la nacionalización del ferrocarril a medida que las franquicias ferroviarias se agoten– y una especie de copia y pega de las iniciativas que habían tenido un amplio consenso en la anterior legislatura.

Los grandes retos

Pero bajo la opulencia de la corona imperial que ha lucido Carlos III –pesa 1,3 kilos y tiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 273 perlas y 5 rubíes–, que contribuye con todo el ceremonial de la jornada –incluidos los que protestan contra la monarquía y piden una república– a hacer del Reino Unido un simple decorado, los problemas heredados de una gestión nefasta en los últimos catorce años se acumulan. Porque una cosa son las intenciones legislativas, y el foco en el que el gobierno ha hecho hincapié hoy, y otra los retos a los que se enfrenta Starmer, en especial si quiere, como ha apuntado, ser "coherente con las reglas fiscales ".

Los más urgentes son cinco. El primero, el capítulo de salarios del sector público y los aumentos que piden los trabajadores. El gobierno debería encontrar unos 8.350 millones de euros anuales adicionales para evitar que los sueldos de los trabajadores del sector público de sanidad, educación, policías y oficiales de prisiones no queden aún más atrás que los del sector privado.

El segundo reto es la financiación de ayuntamientos y autoridades locales. A principios de año, los cálculos de los líderes municipales preveían que durante el nuevo período fiscal (abril 2024 - marzo 2025) uno de cada diez consistorios se declare en quiebra, lo que obligará a recortes dolorosos en los servicios locales. Y o bien se cambia el sistema de financiación, y se refuerza, o cinco de cada diez entrarán en quiebra a lo largo de la presente legislatura.

El tercer gran problema es la educación superior. La matrícula universitaria en Inglaterra y Gales es de 9.250 libras anuales (11.000 euros), congelada desde 2017. Aplicada la inflación, los ingresos de las universidades se han reducido casi en una quinta parte en los últimos años, lo que podría provocar la quiebra de muchas instituciones entre septiembre y diciembre. El gobierno debe decidir si sube las tasas, una decisión que sería especialmente mal recibida por los estudiantes y los padres, sobre todo teniendo en cuenta que Keir Starmer prometió la rebaja e incluso la desaparición de las tasas mientras hacía campaña por el liderazgo en 2020 .

El cuarto problema es el servicio de aguas, en manos privadas. Si Thames Water, que tiene una deuda de casi 18.000 millones de euros y sólo tiene efectivo suficiente para operar hasta mayo del 2025, cae por imposibilidad de recaudar fondos privados, lo más probable es que se nacionalice durante el período de tiempo necesario para evitar dejar a 16 millones de clientes sin suministro.

El quinto capítulo urgente son las prisiones. Los centros penitenciarios de Inglaterra y Gales sólo tenían, a finales de la semana pasada, 1.451 plazas disponibles. Es decir, estaban llenas al 98%. Para aliviar la presión, el gobierno ha anunciado que a partir de septiembre liberará anticipadamente prisioneros cuando hayan cumplido sólo el 40% de su condena y siempre que tengan penas inferiores a 4 años, sin delitos violentos ni contra la libertad sexual. Pero esto sólo resolvería el problema a corto plazo. La disyuntiva es construir más prisiones o reducir la población reclusa.

Los brillos de la jornada, que ha coincidido con el cumpleaños de la reina –hace 77 años–, no pueden esconder que detrás del decorado de momento sólo hay problemas y un gobierno que pide paciencia a la opinión pública –como en el prólogo del discurso que ha escrito Keir Starmer– y que no se deje "seducir por el populismo". "Los retos a los que nos enfrentamos requieren un trabajo determinado, paciente y soluciones serias, más que la tentación de la respuesta fácil", aseveró.