RomaEl gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado este lunes un decreto ley que blinda la lista de países que considera seguros, en un intento de agilizar las repatriaciones de los migrantes que llegan a territorio italiano y limitar la acción de los jueces, que están poniendo trabas al su modelo de deportación. Las lagunas legislativas del modelo Albania han permitido a los jueces tumbar a los centros construidos en el país balcánico la misma semana de su inauguración, y el ejecutivo italiano intenta ahora enmendarlas.
En el fondo de la cuestión hay el revés judicial que la semana pasada el Tribunal de Roma dio al modelo de gestión migratoria impulsado por Meloni, que pasa por financiar un centro en Albania donde trasladar a los solicitantes de asilo rescatados en aguas internacionales por barcos italianos. Los jueces, en aplicación de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, rechazaron convalidar el procedimiento de repatriación de las 12 personas procedentes de Egipto y Bangladesh internas en el centro desde el miércoles y ordenaron su retorno inmediato en Italia. Sólo horas antes, las autoridades italianas habían rechazado las solicitudes de asilo de todos ellos, al considerar que los países de origen de los migrantes son seguros.
El ministerio de Exteriores promovió un decreto en mayo que fijaba en 22 los países considerados seguros, para los que reconocía excepciones, como determinadas categorías de personas o disidentes políticos. Entre estos países se encontraban Bangladesh, a pesar de la crisis política en la que está sumido el país asiático y la discriminación de los miembros de la comunidad LGBTI, que se enfrentan a la cadena perpetua por su condición. Esto permite rechazar las peticiones de asilo de los inmigrantes procedentes de la región, que sólo en los primeros seis meses del año fueron más del 27% del total de los que desembarcaron en las costas italianas. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE indica que, para ser considerado seguro, un país debe serlo “en todas partes y para cada persona”; es decir, "no puede haber persecución, discriminación o tortura hacia nadie en ninguna zona del territorio".
Con el decreto ley aprobado este lunes, el gobierno reduce hasta 19 la lista (excluye Colombia, Nigeria y Camerún) y dificulta la capacidad de los jueces de oponerse, al tratarse de un decreto ley.
El golpe judicial al modelo Meloni de gestión de la inmigración ha puesto en evidencia las lagunas del experimento, que comienzan desde que los migrantes son rescatados en el mar. El Protocolo Albania-Italia, firmado por la primera ministra y su homólogo albanés, prevé que sólo los hombres mayores de edad en buenas condiciones de salud, procedentes de países considerados seguros y rescatados por barcos italianos en aguas internacionales puedan ser trasladados al país balcánico. Esto deja fuera a casi el 80% de los migrantes que llegan a las costas italianas.
Ataque a la justicia
Esta situación ha desatado en Italia uno déjà-vu. Han pasado más de diez años desde que parlamentarios y simpatizantes de Fuerza Italia, el partido fundado por el fallecido Silvio Berlusconi, salieron a las calles para defender al líder ante lo que consideraban ataques de una justicia politizada. "Las togas rojas", como las bautizó el ex primer ministro, habían condenado al político y empresario a la inhabilitación perpetua por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Una década después, los herederos y los socios históricos del Cavaliere han emprendido una nueva campaña contra la justicia, a la que acusan de estar maniobrando en contra del ejecutivo que lidera Giorgia Meloni.
Este lunes la primera ministra italiana ha publicado en las redes sociales el mensaje de un juez enviado al grupo de la Asociación Nacional de Magistrados en el que aparentemente advertía sobre el peligro que representaba la líder de Hermanos de Italia, que en diferencia de Berlusconi no ataca la magistratura por intereses personales. “Giorgia Meloni se mueve por visiones políticas, y eso hace mucho más peligrosa su acción... Tenemos que remediarlo”, escribió el fiscal Marco Patarnello a sus colegas.
En realidad, en el mismo mensaje –que Meloni y el diario que lo ha publicado se han encargado de cortar omitiendo esta segunda parte– el magistrado en cuestión deja claro que no es trabajo de los jueces “hacer oposición política, sino defender la jurisdicción y el derecho de los ciudadanos a tener un juez independiente”. Esto no ha evitado que Patarnello se haya convertido en la diana de los ataques de algunos miembros del gobierno.
Meloni ha evocado una conspiración de los jueces y la oposición, que tendría como objetivo deslegitimar su acción política, mientras que el presidente del Senado, Ignazio La Russa, ha propuesto reformar la Constitución para definir mejor las competencias de la magistratura . Una declaración que ha sido considerada extremadamente grave por el opositor Partido Democrático.
Bruselas recuerda a Meloni que debe cumplir con el derecho de la UE
Después de que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogiara el plan para deportar a inmigrantes de Giorgia Meloni, Bruselas le ha recordado este lunes que debe respetar “plenamente” el derecho de la Unión Europea en el nuevo decreto que quiere aprobar para sortear la sentencia de la justicia italiana. "Lo que se aplica es el derecho nacional, pero también las normas vinculadas a la protección internacional previstas por el derecho comunitario", ha dicho en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper.
Esta advertencia contrasta con el buen recibimiento que ha tenido la idea de Meloni de crear campos fuera del territorio de la UE para deportar a migrantes por parte de Von der Leyen y una mayoría de los estados miembros. Incluso en el Consejo Europeo de la semana pasada se abrió la puerta a proponer leyes para potenciar las deportaciones, y la presidenta de la Comisión Europea prometió que presentaría nuevas propuestas legislativas al respecto. Ahora bien, Bruselas en el 2018, por ejemplo, dijo que iniciativas de este tipo como las de Meloni no cumplían con el derecho internacional y humanitario, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, aseguró hace pocas semanas que no impulsarían medidas como ésta porque no respetan la “dignidad humana” del recién llegado.