La justicia italiana declara ilegal la deportación de migrantes a Albania y ordena que les devuelvan
El gobierno de Meloni asegura que recurrirá la decisión judicial y que "seguirá adelante" con la iniciativa
RomaNinguno de los 16 migrantes que hace dos días llegaron al puerto albanés de Shëngjin podrá quedarse en Albania. El proyecto estrella de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para externalizar la gestión de los flujos migratorios fuera de la UE podría tener las horas contadas. Apenas dos días después de que un barco de la marina militar llegara al país balcánico con los primeros migrantes que debían ser internados en los centros de identificación y retención construidos por el gobierno italiano, un tribunal de Roma ha decidido no validar su repatriación y ha ordenado su regreso inmediato a Italia.
El tribunal italiano ha justificado la decisión aduciendo "la imposibilidad de reconocer a los estados de origen de las personas detenidas como «países seguros»". Los magistrados se han basado en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictada el 4 de octubre, que indica que, para ser considerado seguro, un país debe serlo “en todas partes y para cada persona”, es decir , "no puede haber persecución, discriminación o tortura hacia nadie o ninguna zona del territorio".
El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha asegurado que el gobierno recurrirá la decisión judicial y que tiene intención de mantener su plan. "No sólo iremos adelante con los recursos judiciales, sino que seguiremos adelante también con estas iniciativas", aseveró en una rueda de prensa.
Un total de 16 inmigrantes rescatados por la Guardia Costera italiana llegaron este miércoles a Albania a bordo de la nave militar Libra, en donde fueron sometidos a un primer control a bordo para verificar que cumplían los requisitos, es decir, que todos eran hombres aparentemente no vulnerables procedentes de países considerados seguros. Concretamente, se trataba de diez personas originarias de Bangladesh y seis de Egipto.
Desembarcaron, fueron sometidos a un proceso de identificación en el mismo puerto de la localidad albanesa de Shëngjin, donde Italia ha levantado un primer centro para gestionar las llegadas. Sin embargo, el programa de deportación de migrantes ya arrancó con mal pie: cuatro de los migrantes fueron trasladados de nuevo a Italia, dos porque eran menores de edad y otros dos porque estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad. El resto fueron trasladados a un segundo centro en Gjadër, a la espera de que las autoridades italianas tomaran una decisión sobre sus peticiones de asilo o, en caso de que les rechazaran, esperar a ser repatriados.
Este procedimiento se completó en un tiempo récord y sin sorpresas: las 12 solicitudes de asilo presentadas fueron rechazadas, aunque no está claro cómo fueron asistidos los migrantes por abogados ni cómo los jueces van verificar la información aportada en sus solicitudes.
El plan de deportación, que costará a Italia 800 millones de euros en cinco años, es el resultado de un pacto entre Roma y Tirana que externaliza la gestión migratoria de Italia y prevé que los migrantes y solicitantes de asilo que la Guarda Costera italiana rescata en el Mediterráneo sean retenidos en centros de internamiento en suelo albanés. Meloni firmó este acuerdo en noviembre del 2023 con su homólogo albanés, el socialista Edi Rama, y lo defendió como un posible "modelo" para Europa y como "una vía nueva y valiente" en el control migratorio.
Vulneración de derechos
Tanto la oposición italiana como las organizaciones en defensa de los derechos humanos han alertado de que este procedimiento de gestión fronteriza supone una vulneración de derechos para los solicitantes de asilo, que, además, tiene un coste muy elevado para los contribuyentes y ningún garantía de éxito.
La decisión de la justicia supone un golpe para el ambicioso proyecto de Meloni. Según la sentencia del Tribunal de Roma, la imposibilidad de reconocer a los estados de origen de los detenidos como “países seguros” significa también que no se les puede aplicar los procedimientos fronterizos acelerados para la evaluación de las solicitudes de asilo, como prevé el protocolo firmado entre Italia y Albania. Por tanto, los inmigrantes deberán someterse al procedimiento ordinario y mientras tanto no podrán mantenerse retenidos en el centro construido por Italia ni quedar en libertad en territorio albanés, ya que el acuerdo firmado con Tirana lo excluye explícitamente.
Un modelo a seguir
La noticia llega al día siguiente de que Meloni saliera victoriosa de la cumbre de líderes europeos en la que se discutió el endurecimiento de la política migratoria de la UE. "Hay muchos países que están observando las políticas que implementa Italia en materia de inmigración", se congratuló la dirigente italiana, celebrando que sus recetas contra los recién llegados ganen adeptos dentro del blog.
España, en cambio, se quedó sola oponiéndose a los centros de retención de inmigrantes fuera del territorio comunitario. "Nosotros no estamos a favor de este tipo de fórmulas porque no solucionan ninguno de los problemas y crean nuevos", declaró Pedro Sánchez. En respuesta a la negativa española, este viernes el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha tildado de "singulares" las críticas de un país que, según dice, "a veces ha disparado contra los inmigrantes que intentaban atravesar la frontera desde Marruecos hacia España", en una alusión aparente a la tragedia de la playa de El Tarajal, hace diez años, cuando 14 migrantes que entraban en España desde Marruecos murieron después de que la Guardia Civil hiciera una carga. "Creo que España debe tener en cuenta el equilibrio de algunas consideraciones respecto a las políticas concretas que aplica para la contención de la inmigración irregular en su territorio", recalcó Piantedosi en una entrevista en la cadena de televisión italiana La7.
En Alemania, mano dura con los solicitantes de asilo
El Parlamento alemán ha aprobado este viernes un paquete de medidas que restringe las ayudas a los solicitantes de asilo que hayan presentado una solicitud en otro país europeo. Unas medidas que el gobierno ha impulsado en reacción al apuñalamiento de este verano en la ciudad de Solingen, que Estado Islámico reivindicó. El origen de la polémica es que atacante era un sirio que había solicitado asilo en Alemania, que le había rechazado, y debía ser devuelto a Bulgaria, país por el que ingresó en la Unión Europea. Pero sin embargo, siguió beneficiándose de las ayudas alemanas.
El paquete de medidas gubernamentales se encuentra parcialmente bloqueado en la cámara alta, formada por los representantes de los federados. Esto hace que otras medidas que daban mayores competencias a los organismos de seguridad no entren en vigor.
La ministra de Interior alemana, Nancy Fraser, impulsora del endurecimiento, ha criticado la actitud de la Unión Cristianodemócrata, que considera el plan insuficiente y "lleno de agujeros".
Otra de las medidas que sí se ha aprobado es la retirada del estatus de refugiado a las personas que regresan a su país de origen, salvo que el viaje sea estrictamente necesario.