Ojos grandes en contaminación y uso de productos químicos: el plan de la UE para impulsar el rearme

BruselasMás medidas excepcionales de Bruselas para impulsar el rearme de la Unión Europea. La Comisión Europea ha anunciado este martes que reformará ligeramente la legislación comunitaria para que los proyectos industriales bélicos tengan vía prioritaria a la administración pública y puedan optar a una mayor financiación pública y privada, y para potenciar las compras de armas conjuntas de la Unión Europea. Además, con el mismo objetivo, el Ejecutivo comunitario invita a los Estados miembros a ser más flexibles con los requisitos medioambientales y de seguridad de los productos químicos que rigen actualmente la industria armamentista.

En primer lugar, la Comisión Europea acelerará los trámites de los proyectos de la industria armamentista que deben contar con el visto bueno de las administraciones. Según fuentes comunitarias, algunos de estos visto buenos se podían alargar unos cinco años, ya que estaban sometidos a muchos filtros por cuestiones de seguridad, pero a partir de ahora tendrán que recibir una respuesta definitiva en un plazo máximo de 60 días. Y en caso de que la administración no conteste durante este período, el proyecto recibirá la luz verde de forma automática.

En la misma línea, el ejecutivo comunitario ha asegurado que reducirá el papeleo para las empresas que quieran beneficiarse de los fondos de defensa europeos, que se han desplegado para contribuir en el rearme de la UE. Además, Bruselas potenciará la coordinación de la compra de armas conjuntas entre los Estados miembros para acelerar la fabricación armamentista y conseguir firmar contratos a mejor precio.

Más manga ancha en los controles

Las mismas fuentes comunitarias aseguran que la UE debe seguir siendo "estricta" en los controles sobre la peligrosidad de los productos químicos que se utilizan en la industria armamentista, pero invita a los Estados miembros a agilizar la evaluación de los proyectos armamentistas ya ser más clara en las prohibiciones o permisos. En este sentido, da manga ancha a cada gobierno estatal para que designe de forma general si un producto químico es legal o no y para que evite analizar "caso por caso" su uso en proyectos en concreto, lo que la Comisión Europea considera que ralentiza los procesos de validación y genera incertidumbre frente a potenciales inversores. Las fuentes comunitarias ponen de ejemplo los productos químicos que se utilizan en la pólvora de la munición, los cuales asegura que en muchos países no está claro si están prohibidos o pueden utilizarse.

Bruselas también recuerda que la legislación comunitaria ya prevé realizar excepciones en algunos controles ecológicos y que se aceleren los trámites administrativos en casos de urgencia o de crisis, como considera que es la guerra de Ucrania y la amenaza que supone el expansionismo ruso. Sin embargo, el ejecutivo comunitario evita concretar qué normativa puede pasarse por alto por cuestiones de fuerza mayor como ésta.

Las mismas fuentes comunitarias explican que publicarán una lista de tipos de proyectos industriales militares que podrán recibir la etiqueta ESG (medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza, en sus siglas en inglés). Se trata de una clasificación que reciben iniciativas empresariales que son responsables con el medio ambiente y con la sociedad, y las hace más atractivas frente a potenciales inversores, tanto públicos como privados. De este modo, por ejemplo, gobiernos y entidades bancarias podrían financiar la industria bélica, lo que por lo general no cuenta con el apoyo popular, y lucir igualmente las siglas ESG.