Internacional 22/01/2022

Elisa Loncón: "Me llama la atención que no se pueda hacer un discurso en catalán en el Parlamento español"

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Elisa Loncón, primera presidenta de l Assemblea Constituent de Xile.Professora Maputxe

Elisa Loncon (Chile, 1963) es mapuche, lingüista y activista por los derechos de los pueblos indígenas. Desde julio y hasta hace pocos días fue la presidenta de la Convención Constitucional de Chile, la institución que está redactando una nueva constitución que debe sustituir al texto heredado de la dictadura de Pinochet, con el proceso abierto por la revuelta popular de 2017. Formada en los Países Bajos y Canadá, ha trabajado en la Universidad de Santiago de Chile, especializándose en la enseñanza del mapudungún. Su discurso en mapudungún cuando asumió la presidencia de la convención dio la vuelta al mundo y su labor -por la que sufrió amenazas y acoso- la ha convertido en una de las 100 personas más influyentes del 2021 por la revista Time. También el Financial Times la ha considerado una de las 25 mujeres más destacadas del año. Esta semana ha recibido el premio René Cassin de derechos humanos del gobierno vasco y ha visitado Barcelona, donde ha concedido esta entrevista al ARA. .

Realmente se puede acabar con la herencia del pinochetismo en Chile?

— Nada es a perpetuidad. Esa es la lección que nos hemos aprendido los pueblos. Para seguir luchando por existir y para avanzar también en las condiciones de bienestar que nos merecemos los seres humanos. Claro que es posible.

Pero José Antonio Kast, que reivindica a Pinochet, ganó la primera vuelta. ¿Es suficiente tener una nueva constitución para cambiar un país?

— La Constitución es una parte de la solución, pero no soluciona el problema económico, no soluciona el problema político ni tampoco la crisis que tenemos a nivel de los sistemas de salud. La Constitución es un marco de referencia amplio que va a albergar los sueños del nuevo Chile, pero que después requiere implementación, leyes, gobiernos, sociedad civil organizada que vayan tras ese texto para que no se cambie en cuanto a sus garantías de derecho. Y esto requiere organización.

¿Cómo valora usted estos meses de trabajo de la convención constitucional?

— Abrimos la Convención Constitucional el pasado 4 de julio, llevamos ya 6 meses de trabajo y nos quedan seis más. El próximo 4 de julio entregaremos en el pueblo de Chile un texto: este es el mandato que nos dieron. Que posteriormente, en dos meses, el Gobierno constituido tiene que llamar un plebiscito de salida a un referéndum donde el voto es obligatorio y donde la ciudadanía acepta o rechaza esta nueva constitución.

¿Cuáles son las bases del nuevo texto?

— En el reglamento quedó establecido que el diálogo y el proceso debe ser plurinacional, que debe ser paritario, que debe ser descentralizado. Y que tiene que incorporar la mirada de los derechos de la madre tierra. Y toda la participación de todo tipo de diversidades, incluyendo las sexo-genéricas. 

¿Sufren presiones?

— La convención es un órgano autónomo, que no tiene que sumarse a la coyuntura política ni a las presiones de los grupos hegemónicos. Esto lo protege el reglamento y la presencia de los propios convencionales, que venimos de diferentes regiones, sectores sociales y políticos y respondemos a varias demandas. Y la coyuntura política existe, y dialogamos. Es complejo, porque nos enfrentamos a un Chile conservador, sobre todo de los grupos hegemónicos, que no asumen los derechos de las minorías. Existe una larga tradición donde otros decidían por nosotros, igual que los hombres decidían por las mujeres. Pero esta tradición también se ha modificado al calor de la movilización social. Los procesos de protesta instauraron los derechos de las mujeres, el discurso sobre la defensa de los territorios, el de las Naciones originarias por el reconocimiento a su condición de nación preexistente, los derechos a la educación y la sanidad públicas, las pensiones, la vivienda, los derechos de las niñas. Son temas que llevan años sobre la mesa y hoy ya tienen un cauce. Es una discusión democrática, con aspectos filosóficos que llegan incluso a plantear qué quiere decir ser chileno y se nutre también de visiones de futuro y de temas muy funcionales, como qué hacemos con el cambio climático. Son temas locales, pero también comunes, como la preocupación por la plurinacionalidad, el plurilingüismo o el medio ambiente. Estamos a la altura de los tiempos.

Chile sufrió una dictadura atroz y se convirtió en un laboratorio de políticas neoliberales. ¿Aspiran ahora a ser un ejemplo de todo lo contrario?

— Solo nos estamos haciendo responsables de los cuidados que debemos tener. De nuestra condición como personas, como mujeres, del cuidado de los niños cuyos derechos han sido vulnerados por el sistema neoliberal. Es un acto de responsabilidad social, también colectiva, que respondiendo a la crisis de la magnitud que tenemos, nos reivindicamos como seres humanos, como esos de cambio.

¿Cómo vive todo esto la comunidad mapuche?

— Bueno, el pueblo mapuche es un pueblo que nunca ha sido reconocido en ninguna de las constituciones ni hemos participado en su redacción. Desde su creación, el estado de Chile marginó y vulneró los derechos de los pueblos indígenas. En 1883 se invadió nuestro territorio con la fuerza militar, y esto trajo la pobreza, el despojo territorial, cultural, lingüística de los mapuches. Hoy en día la pobreza y la marginación siguen estando ahí. Los diferentes gobiernos democráticos después de la dictadura siempre prometieron reconocimiento constitucional y no lo hicieron, ni incorporaron los derechos a la autonomía y la autodeterminación. Ellos continuaron decidiendo por nosotros. Es una sociedad colonial y patriarcal. Los mapuches y los otros pueblos originarios mantuvieron su lengua en malas condiciones y hoy solo el 10% de la población mapuche es hablante. Pero hay una memoria oral mobilizadora. Nosotros aspiramos a tener una lengua funcional en el sistema en todas las instituciones, en todos los espacios de formación. Los mapuches siempre hemos reivindicado la recuperación de las tierras, que hoy en día están en manos de empresas y de los colonos. La nueva Constitución tiene que respetar los estándares internacionales de respeto de los derechos humanos fundamentales y los derechos colectivos de la nación originaria. ¿Y quién tiene que hacer garantizar estos derechos? ¿Cómo los ejerceremos? Sabemos que hay un periodo posterior, que son las leyes, pero antes tenemos que tener en la nueva Constitución los derechos de autonomía, autodeterminación, plurilingüismo, la tierra y la convivencia intercultural. Por eso estamos planteando una Constitución plurinacional, que convocará a los pueblos a respetarse, a dialogar y a estar orgullosos de tener esta diversidad en este país que se llama Chile. Los mapuches estamos apostando a una solución política, que no había existido nunca antes.

¿Entonces, profesora, usted confía que este texto, tal como saldrá aprobado el 4 de julio, será la Constitución de Chile, sin más limitaciones?

— Debe serlo. Tiene que ser la Constitución de este Chile plurinacional, paritario, descentralizado. Y con todas las diversidades y con todos los pueblos, todos tenemos unas ganas de este reconocimiento impresionantes: Chile quiere verse reflejado y sentirse orgulloso por lo que nosotros somos. La principal dificultad es el pensamiento político conservador que no quiere transformaciones. Estas diez familias que siempre mantuvieron el poder en Chile, que tampoco quieren compartir el poder ni la riqueza. Son los dueños del país porque controlan toda la economía. Y dentro de todo esto tenemos al Presidente [Sebastián Piñera]. Hay un obstáculo aquí, que tendremos que enfrentar. Hay otro límite económico: la economía neoliberal y sus estragos. Muchas de las funciones públicas, muchos de los servicios públicos, son privados: la salud, la educación, el agua... Y hay una demanda muy sentida en la ciudadanía de que el agua vuelva a ser un bien común, pero ya están vendidos los derechos de agua a las empresas. Hay que llegar a un acuerdo político democrático sobre cómo resolvemos esta privatización, que no nos garantiza la vida.

Como especialista en educación intercultural bilingüe, ¿cómo ve la situación del catalán?

— Tanto el president Pere Aragonès, como la alcaldesa Ada Colau, en sus saludos protocolarios utilizaron el mapudungún. Se nota en Catalunya esta sensibilidad lingüística, producto de un pueblo que la cultiva. Yo me llevaré estos vídeos a mis comunidades y los mostraré a las criaturas, para que se den cuenta de cómo es de importante su lengua. También he estado en el País Vasco. El tema es la diglosia: tener una lengua con más estatus social que otra afecta profundamente la lengua minorizada. Es tema que siempre requiere miradas políticas que permitan equiparar las funciones sociales de la lengua. Me llama profundamente la atención que no se pueda hacer un discurso en catalán en el parlamento español. Porque el derecho lingüístico es un derecho humano fundamental. La lengua tiene que ser la ventana que te abre todo espacio de comunicación, y no la muralla que te cierra y te incomunica y reprime el otro. Creo que es valiosísimo que el pueblo de Catalunya tenga los programas educativos, y la televisión pública. Y sé de los esfuerzos que se hacen por el cultivo del catalán. Nosotros estamos mirando con atención esta experiencia. La lengua es para compartirla, la lengua es para sentir al otro. Pues en la lengua somos nosotros. Y este espacio, vosotros lo estáis abriendo, pero quizás también sufrís largas tradiciones conservadoras, a las que creo que les queda poco, porque no se puede mantener el sistema de sentirse superior al otro. Y qué bien que estéis abiertos a recibir también el pensamiento de los pueblos indígenas de Latinoamérica, porque tenemos mucho de qué hablar.

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