La ONU ve en Birmania "claras semejanzas con Siria en 2011"

La alta comisaria de Derechos Humanos insta a tomar medidas decisivas para poner fin a la represión del ejército

Mar Bermúdez i Jiménez
3 min
Una familia llora la muerte de un chico en la represión de las protestas de hoy en Rangún.

Barcelona"Me temo que la situación en Birmania se está convirtiendo en un conflicto en plena expansión. Los estados no pueden permitir que se repita el mortal error del pasado cometido en Siria y otros territorios". Es la conclusión que la alta comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expone en un comunicado publicado este martes y que pretende implicar a la comunidad internacional para parar la actitud represiva del ejército birmano contra los ciudadanos que protestan contra el golpe de estado militar del 1 de febrero.

"Hay claras semejanzas con Siria en 2011. Entonces también vimos una represión innecesaria y desproporcionada ante protestas pacíficas", ha advertido Bachelet. La comisaria recuerda que la represión en Siria empujó a muchos ciudadanos a coger las armas y que, poco a poco, se extendió la violencia a todo el país. Según explica, "la comunidad internacional no estuvo a la altura para responder de manera unificada y, a raíz de esto, miles de civiles han sufrido horrores".

La alta comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Birmania vive en un contexto de caos desde el golpe de estado que el ejército perpetró el 1 de febrero, mediante el cual expulsó del poder al gobierno democrático encabezado por Aung San Suu Kyi. Según un recuento de la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), desde entonces la represión ha dejado al menos 700 muertos, incluidos 50 niños, y unos 3.000 detenidos. La junta militar reprime cada vez con más contundencia el movimiento prodemocrático que ha llevado a miles de birmanos a llenar las calles y ha provocado huelgas en muchos sectores de la economía.

El fin de semana pasado estuvo marcado por el derramamiento de sangre en muchas partes de Birmania, entre las cuales la localidad de Bago. Según "fuentes creíbles" que la comisaria no especifica, los militares abrieron fuego con lanzagranadas y causaron 82 muertos. El ejército impidió que el personal médico atendiera a los heridos, y cobró una multa de aproximadamente 90 dólares a los familiares para reclamar los cuerpos de los asesinados. "Los soldados parecen decididos a intensificar la implacable política de violencia contra el pueblo de Birmania utilizando armas de tipo militar", ha lamentado la ONU.

Un país cada vez más inhabitable

Bachelet también ha denunciado que, según sus fuentes, ya son más de 3.080 las personas detenidas y 23 las que han sido sentenciadas a muerte en juicios secretos, incluidos cuatro manifestantes y 19 más que fueron acusados por la policía de ofensas políticas y criminales. "Las detenciones masivas han llevado a centenares de personas a esconderse, los informes indican que muchos periodistas, activistas sociales, celebridades y otros personajes públicos están siendo perseguidos simplemente porque han expresado una opinión disidente en las redes sociales", ha asegurado la comisaria. El 2 de abril se cortó el servicio de datos móviles y la mayoría de la población quedó aislada y sin acceso a fuentes de información y comunicación.

El comunicado también hace referencia a la inhabitabilidad, que empieza a ser clara en un territorio en el que la educación y la sanidad se han colapsado y en el que miles de ciudadanos han perdido el acceso a servicios básicos, alimentos y seguridad. La alta comisaria ha lanzado un "llamamiento al ejército de Birmania y a los países vecinos para facilitar el acceso de ayuda humanitaria y para ofrecer protección a la población". Bachelet ha instado también a los estados a tomar "medidas inmediatas, decisivas y efectivas" para obligar a la junta militar a poner fin a su "campaña de represión y masacre de la población".

La misión de investigación de las Naciones Unidas en Birmania elaboró un informe que contenía recomendaciones claras para llevar a cabo una acción efectiva, de impacto y firme contra los militares. Bachelet ha destacado, entre otros puntos del informe, la necesidad de cortar el suministro de armas y la financiación a la dirección militar, que solo perpetúan la vulneración de derechos humanos. "Las denuncias de condena y las sanciones específicas no son suficientes. Los estados con capacidad de influencia tienen que aplicar presión urgentemente y de manera unificada sobre los militares en Birmania para parar las graves vulneraciones de derechos humanos y los posibles crímenes contra la humanidad", concluye Bachelet.

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