La semana pasada se anunció que el ejército israelí ha abierto 48 investigaciones contra soldados presuntamente implicados en la muerte de decenas de prisioneros palestinos detenidos en la Franja de Gaza durante el conflicto en curso. Pero contrariamente a lo que cabría esperar, ésta no es una buena noticia para la justicia en tiempos de guerra.
El ejército ha operado de esta manera en el pasado, no para aplicar la justicia, sino para burlarla en la medida de lo posible. La intención de los responsables militares es que los jueces del ejército juzguen los casos más comprometidos y determinen que no se han cometido crímenes de guerra. De esta forma, Israel evitaría que la justicia internacional investiga estos crímenes con independencia.
La muerte de decenas de hombres palestinos en custodia en las últimas semanas no ha causado una reacción significativa en la comunidad internacional. Sin embargo, ha habido algunas organizaciones humanitarias que lo han denunciado, pero Israel argumenta que sólo sus tribunales son competentes para abordar estos casos.
El argumento de Israel dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo crimen, por lo que si los tribunales israelíes juzgan estos casos, y declaran los imputados inocentes, automáticamente los tribunales internacionales dejan de tener en ellos competencia.
Burlar la justicia internacional
No es la primera vez que Israel actúa de ese modo. Es un procedimiento viejo y conocido cuando se trata de militares israelíes. La dinámica siempre ha sido la misma: ¿hay una denuncia internacional contra algún soldado? Pues bien, nosotros le juzgamos antes y determinamos que no ha cometido ningún delito, una circunstancia que detiene los procedimientos de la justicia internacional.
Los palestinos han denunciado que decenas de civiles han muerto en las últimas semanas bajo custodia de soldados israelíes en las prisiones militares o en campamentos provisionales de detención. No se trata de una o dos muertes fortuitas, y aunque el elevado número de muertes no parece casual, los militares implicados nunca serán juzgados por tribunales independientes.
No es una treta que Israel aplique sólo a sus soldados. La misma regla de tres se aplica a los principales responsables políticos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya. El mes de mayo el fiscal del TPI pidió órdenes de detención para el primer ministro Benjamin Netanyahu y para el titular de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra.
Inmediatamente, algunos juristas apuntaron que los dirigentes israelíes eludirían la persecución del TPI si los tribunales locales les juzgaban por los mismos crímenes que habían denunciado a los fiscales del TPI. De forma automática surgieron voces que pedían que se aplicara este procedimiento, y parece que es lo que se hará en breve.
El que fue primer fiscal del TPI hasta el 2012, el argentino Luis Moreno Ocampo, ha escrito esta semana un artículo en Haaretz confirmando la trampa para evitar la jurisdicción de la justicia internacional. Moreno Ocampo cree que la cuestión puede solucionarse de una manera “pacífica y legal”, y hace recomendaciones a la justicia israelí para que entre en acción y detenga de forma automática los procedimientos que ha incoado al actual fiscal del TPI, Karim Khan .e
