Internacional 27/02/2021

Recelo de los musulmanes por la ley contra el radicalismo de Macron

Temen que la norma, impulsada para "reforzar los principios republicanos", se traduzca en discriminación

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Diversos hombres rezan en una mezquita situada en las afueras de París en una imagen de julio del 2020.

ParísLos padres de Dounia viven su fe musulmana entre Marruecos y el extrarradio de París desde toda la vida. Procedentes de la diáspora marroquí de los años 60, la pareja tiene tres hijos repartidos en tres países diferentes: el Reino Unido, Marruecos y Francia. Es en este último donde nació y vive Dounia, la pequeña, hace más de treinta años. Contrariamente a sus progenitores, ella no es creyente, pero prefiere no hablar del proyecto de ley contra “el separatismo” impulsado por el presidente Emmanuel Macron, que ha traído polémica. Dounia desprende una cierta exasperación hacia la clase política y la esfera mediática. El rechazo de Dounia dice mucho de este texto que desde hace meses levanta polvo en el país. “Mis padres también se desentienden”, concluye, sin opción a réplica para esta periodista.

Esta reacción, la de ciudadanos normales y corrientes sin ningún cargo institucional, religioso ni asociativo, es bastante representativa de una parte de la población francesa musulmana ante este proyecto de ley altamente sensible creado para fortalecer los instrumentos legales del país para luchar contra el islamismo radical y, así, “reforzar los principios republicanos”. En la práctica, muchos ven una forma más de estigmatizar a los musulmanes. “Nadie discute la urgencia de frenar el fenómeno mortífero de la radicalización, ¿pero por qué se focaliza de manera sistemática en la excepción para hacer una generalidad a pesar de que la inmensa mayoría de los 6 millones de franceses musulmanes solo aspira a vivir su fe serenamente dentro de la República?”, se pregunta en una tribuna en Le Monde el ensayista Kamel Meziti.

El proyecto de ley, que se debatirá en el Senado a finales de marzo, permitirá cerrar centros de culto si se detectan actividades que inciten a la violencia, el odio o la discriminación, incrementará el control sobre la financiación extranjera de las asociaciones religiosas y ofrecerá protección a los líderes religiosos moderados ante posibles injerencias que pretendan sustituirlos por otros de radicalizados. Otro de los artículos que se inscribirán por ley será el del principio de neutralidad religiosa para los agentes de organismos privados que cumplan con una misión de servicio público. Por ejemplo, un conductor de una empresa de autocares que se encarga del transporte escolar no podrá llevar símbolos religiosos. El texto también endurecerá la normativa de la escolarización en casa. El artículo 18, que se escribió en respuesta al asesinato del profesor Samuel Paty, creará un nuevo delito: el de poner en peligro la vida de otros para difundir informaciones relativas a la vida privada, penado con 3 años de prisión y 45.000 euros de multa. El padre de una alumna había amenazado a Paty y había difundido a través de las redes sociales información sobre él que permitieron que el atacante le localizara.

“Nuestro país está enfermo de separatismo, el primero de los cuales, el islamismo, está corrompiendo nuestra unidad nacional. Se tiene que saber poner nombre a la enfermedad, se tienen que encontrar los medicamentos”, metaforizó con poco cuidado el ministro del Interior, Gérarld Darmanin, antes de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley en primera lectura hace un días. Solo uno de los diputados de la mayoría presidencial, Mustapha Laabid, votó en contra. El electo de La República en Marcha ha rehusado responder a las preguntas de este diario, pero en un comunicado justificó su voto. “Muchos de los artículos son medidas artificiales, que envían mensajes de desconfianza hacia los franceses de confesión musulmana y no permiten luchar contra el terrorismo islamista sino que está el riesgo que lo alimenten”, escribe Laabid. El texto, continúa, “es peligroso porque el estigma genera el cierre comunitario y provoca sentimientos de injusticia y resentimiento”.

Otra cuestión que ha irritado los ánimos de los representantes musulmanes es la “normativa de principios para el islam de Francia”. El órgano representativo del culto musulmán en el país y principal interlocutor del Estado, el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), ha presentado este reglamento en el Elíseo para enmarcar la segunda religión del país en cuestiones como por ejemplo la laicidad o bien la igualdad entre hombres y mujeres. También se preconiza el rechazo a cualquier forma de interferencia e instrumentalización del islam con finalidades políticas, en referencia al salafismo, al Tabligh o bien a corrientes asociadas con los Hermanos Musulmanes.

Esta normativa, que Macron había exigido en octubre en el marco del proyecto de ley, tendrá que servir de referencia para el Consejo Nacional de Imams, una nueva instancia que se creará para dar un certificado a los imams que ejerzan en territorio francés. Es decir, a aquellos imams que no cumplan con la normativa se les podrá retirar la autorización.

Sin embargo, no todo el mundo dentro del CFCM ve con buenos ojos la normativa. Tres de las nueve federaciones que lo constituyen –con varias sensibilidades y países de origen a pesar de que representan menos de la mitad de las 2.500 mezquitas con las que cuenta el Hexágono– todavía no han aprobado el texto. Otras voces también se han personificado en contra. Es el caso de los imams de Lyon y Villeurbanne, que aseguran que “los franceses de confesión musulmana no entenderán que se les quiera distinguir de sus compatriotas imponiéndoles reglas específicas”. En una tribuna publicada en el portal Mediapart, un centenar de imams, junto con una cincuentena de profesores de ciencias islámicas y presidentes de asociaciones, también se oponen.

El riesgo del estigma

“Este texto representa más un endurecimiento de leyes preexistentes con el único objetivo de ejercer un poder abusivo y autoritario sobre una parte de la población ya muy estigmatizada”, se lamentan desde Lallab, asociación feminista y antirracista que defiende los derechos de las mujeres musulmanas. “Denunciamos [que esto es] una ley antiislam y no antiterrorista”. Fatima Bent, presidenta del organismo, se lamentaba hace unos días de los pocos esfuerzos destinados desde el Elíseo a combatir "la discriminación" que sufre la comunidad musulmana francesa, que significa un 9% del total. "Las musulmanas están discriminadas en el trabajo, en el alojamiento, las asedian en la calle. Y ante esto el gobierno no hace nada", explicaba la activista.

En una encuesta publicada en 2019 por la Delegación Interministerial contra el Racismo, el 42% de los franceses de confesión musulmana afirmaban haber sido discriminados por su religión como mínimo una vez en la vida. La cifra aumentaba al 60% cuando se trataba de mujeres con velo.

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