Tercera noche de protestas contra el toque de queda en Holanda

Barcelona“Violencia criminal”. Así definía Mark Rutte, el primer ministro holandés, las protestas contra el confinamiento, con los disturbios más graves que ha vivido el país en los últimos 40 años. Por tercera noche consecutiva en varias ciudades ha habido fuertes choques entre la policía y los manifestantes, que protestan contra el toque de queda entre las 21 h y las 4.30 h impuesto el sábado por el gobierno. Son manifestaciones con poca mascarilla y distancia social, en las que jóvenes organizados a través de redes sociales acaban provocando batallas campales. “Lo que motiva a estas personas no tiene nada que ver con la protesta, es violencia criminal y será tratada como tal”, condenó Rutte, que en un año ha visto cómo la crisis sanitaria se ha convertido en malestar social. La polarización sobre la gestión de la pandemia en los Países Bajos ha llegado a tal nivel que el alcalde de Eindhoven afirmaba ayer que el país se encamina hacia una “guerra civil”.

Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que en el país se aplica el toque de queda, unas restricciones que muchos ven excesivas y que no han tardado en contestar: saqueos, ataques con piedras y fuegos artificiales, barricadas, quema de coches y bicicletas... Incluso han incendiado un centro de diagnóstico de covid-19. La policía ha dispersado las marchas a golpe de porra, con cañones de agua y gases lacrimógenos en las principales ciudades del país, como Rotterdam, la Haya, Amsterdam y Amersfoort. La tercera noche de protestas se ha saldado con más de 250 detenciones a lo largo del país.

El líder de la izquierda verde, Jesse Klaver, ha señalado a la ultraderecha por haber “incitado a la violencia”. El Partido de la Libertad, dirigido por el populista Geert Wilders, hizo un llamamiento a la revuelta contra la restricción a la movilidad, que considera “inaceptable, antidemocrática y francamente peligrosa”. Los sectores más radicales han protagonizado una violencia solo comparable a la de los años 80 en los enfrentamientos entre okupas y policía. “En Eindhoven la situación se ha ido tanto de las manos que incluso ha habido ataques con cuchillos”, ha dicho el portavoz del sindicato de la policía, Koen Simmers.

Unas medidas inéditas

Al principio de la pandemia, el de Rutte fue uno de los gobiernos que aplicaron medidas menos restrictivas para frenar los contagios. Apelando a la responsabilidad individual y para evitar el golpe a la economía, el gobierno optó por no hacer obligatorio el uso de la mascarilla ni aplicar toques de queda. Pero casi un año más tarde, con cerca de un millón de contagios y más de 13.600 defunciones, en diciembre dio un giro a sus políticas para evitar la saturación de los hospitales: se cerraron guarderías, escuelas e institutos, se prohibió toda actividad no esencial y se restringieron los vuelos a algunos países. Rutte, en funciones desde la dimisión en bloque del gobierno, siempre había querido evitarlo, pero este sábado entró en vigor el toque de queda, que se inspira en medidas de sus vecinos europeos.

La frustración de los manifestantes también tiene que ver con la distribución de las vacunas. El país ha sido el último de la Unión Europea en iniciar el programa de vacunación y hasta el lunes solo 135.000 personas habían recibido la primera dosis. Es decir, aproximadamente un 0,8% de la población, una cifra muy baja comparada con el Reino Unido (10,1%), Malta (4,3%), Dinamarca (3,5%) o España (2,5%). El gobierno holandés, que empezó a vacunar dos semanas más tarde que los vecinos europeos, admitió errores de cálculo al asumir que la primera vacuna que se autorizaría sería la de AstraZeneca y no la de Pfizer/BioNtech, que requieren cadena de frío. El Partido Liberal de Rutte, que ha recibido críticas a izquierda y derecha por la gestión de la pandemia, medirá en las elecciones legislativas del 17 de marzo el apoyo que todavía le queda.