A juicio dos agentes de la Policía Nacional tras una disputa por discriminación lingüística

BarcelonaDos agentes de la Policía Nacional irán a juicio acusados ​​de un delito de falsedad documental en documento público. Los policías denunciaron y multaron a una mujer de Terrassa por no haber accedido a identificarse, algo que, según la acusación, no es cierto. El juzgado de instrucción número 4 de Terrassa ha decidido enviarlos a juicio después de tres años de litigio. Piden cuatro años de cárcel para cada uno, inhabilitación por trabajar en la administración pública durante cuatro años y una multa.

El origen del conflicto es una disputa por una discriminación lingüística en 2022. La mujer, una profesora de Terrassa, se fue a renovar el DNI y, cuando pretendía volver a entrar en la comisaría después de hacer una fotocopia, un agente la obligó a hablar castellano para dejarla entrar de nuevo. Cuando la señora le reprochó la discriminación y le tradujo la hora, "las diez treinta y seis", en catalán, castellano, árabe y francés, el policía de la puerta le respondió en tono paternalista: "Si es muy fácil". En el encontronazo, le pidieron que "hablase castellano porque estamos en España" y le explicaron que no tienen por qué entender el catalán.

Cuando, a la salida, la señora comentó a los dos agentes que, siendo funcionarios, estaría bien que aprendieran catalán e idiomas, uno de los policías le dijo que la detendría por "faltar al respeto a un agente de policía". Como la mujer siguió caminando, porque no entendió que fuera una orden contra ella, la interceptaron y, tras una disputa verbal, la hicieron entrar en comisaría. De acuerdo con la ley mordaza, la sancionaron con 100 euros por faltar al respeto a los agentes y con 601 euros por negarse a identificarse, algo que la mujer afirma que nunca se lo solicitaron.

Plataforma por la Lengua denunció a los agentes por coacción, falsedad en documento público, detención ilegal y contra la integridad moral. El juzgado continuó el procedimiento por dos de los delitos. La Audiencia Provincial de Barcelona admitió que la docente se personara como acusación particular, porque sólo tenía su condición de testigo. Plataforma promovió una moción de apoyo a la profesora en el pleno de Terrassa y diversas concentraciones contra la discriminación lingüística.