Los regantes de canal de Urgell retrasan su ansiada modernización

MollerussaEl proyecto de modernización del canal de Urgell, una obra faraónica calculada en mil millones de euros y con un plan de ejecución de aproximadamente quince años, deberá esperar unos meses más para que los regantes acaben dando su aprobación definitiva. Desde que la comunidad de regantes presentó en asamblea el 2 de septiembre la propuesta de acuerdo de financiación y los nuevos detalles técnicos y económicos de la modernización integral del sistema de regadío, se han sucedido otra cadena de asambleas de colectividades en la que numerosos regantes han mostrado sus reticencias. Torregrossa, Fuliola, Térmens, Ivars de Urgell, Linyola, Miralcamp, Montgai… Las reuniones, algunas especialmente tensas, han hecho sonar las principales preocupaciones de los agricultores, como la necesidad de hacer concentración parcelaria previa, las ayudas a los agricultores para preparar sus fincas y una temida fusión.

Ante la desconfianza que ha levantado el proyecto en estos aspectos (y algunos más), la comunidad general de regantes decidió la semana pasada modificar el calendario original. La Casa Canal tenía inicialmente previsto convocar la asamblea general a finales de octubre para que los 135 síndicos (y los representantes de los ayuntamientos y los saltos hidroeléctricos) votaran el proyecto y sacaran adelante el plan de ejecución y financiación de la Generalitat, pero la junta de la comunidad, reunida el pasado viernes, decidió finalmente aplazar los plazos hasta el 21 diciembre. "El retraso responde a la voluntad de ofrecer a los regantes más tiempo para que puedan informarse y valorar con detenimiento la propuesta planteada", justifica el director general de la comunidad, Xavier Díaz.

"Hemos estado más de veinte años hablando de este proyecto de modernización, ahora no vendrá de unos meses más para hacer las cosas bien", dice Jaume Perera, presidente de la colectividad 13 y portavoz del grupo Manifest del Gran Urgell, especialmente crítico con el proceso. "Parece que había un interés político de empezar las obras el próximo año, pero necesitamos una propuesta decente y sincera", añade Perera.

Los principales escollos que frenan a los regantes para una aprobación de la modernización son tres. Los críticos aseguran que del proyecto técnico y de los costes de la obra principal no hay nada que decir. Pero es precisamente en lo que parece omitir la propuesta oficial donde están las dudas.

Uno es la concentración parcelaria. Estamos hablando de un sistema de regadío tradicional y muy fragmentado de casi 50.000 parcelas. La orografía del canal de Urgell, con esta segmentación y la presencia de numerosas edificaciones, granjas y conjuntos arbolados, hace realmente difícil que se puedan generar extensas fincas de regadío. El Govern insiste en la idoneidad de potenciar la concentración parcelaria voluntaria, mucho más rápida que la ordinaria, pero que parte de los regantes consideran inviable. En cualquier caso, la concentración de tierras es algo esencial para conseguir que las parcelas acaben siendo competitivas.

Ignasi Servià, secretario de la comisión del agua del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Catalunya, lamenta que el Gobierno no haya previsto el proceso de concentración parcelaria antes de ejecutar el proyecto. "¿Cómo queremos modernizar antes?", se pregunta Servià, realmente contrariado. A su juicio, la modernización ya va con retraso. Concentrar parcelas es un proceso que requiere años (en el caso del canal Segarra-Garrigues se tardó hasta una década en algunas colectividades), pero imprescindible para salir adelante. "Parece que muchos ya se están olvidando de la sequía del 2023", lamenta el ingeniero, quien acusa la falta de celeridad en el proceso. "Hay que empezar a andar, si no, todavía veremos un canal de Urgell con cultivos de secano", lamenta el ingeniero agrónomo.

Reclamación de ayudas

El objetivo del proyecto de modernización es pasar del actual riego por inundación, que todavía representa cerca del 90% de la superficie, a un sistema presurizado a demanda, con conducciones enterradas, 44 balsas de regulación (7,8 hectómetros cúbicos), 20 estaciones de bombeo y 20 plantas fotovoltaicas, a más de 4. hidrantes. Todo ello para conseguir un importante ahorro de agua y energía, que según el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto (aún en exposición pública hasta el 3 de octubre) podría ser de unos 100 hectómetros cúbicos al año. También se prevé aumentar la productividad agraria y hacer que el regadío sea más resiliente frente a sequías como la que sufrió la comunidad en el 2023 y que obligó a cerrar el canal un mes después de iniciar la campaña.

El presupuesto de la red de distribución asciende a 991,2 millones de euros y el modelo de financiación presentado establece que una parte de las infraestructuras se consideren de interés general, dado que generan un beneficio directo al resto de usuarios de la zona, y el departamento de Agricultura, en este sentido, lo asumiría íntegramente. Del presupuesto restante, el departamento y el ministerio aportarían a partes iguales el 70% y los regantes el 30% restante (cerca de 210 millones de euros). En resumen, los regantes tendrán que pagar 2.311 euros por hectárea y ejecutar la modernización de su finca en un máximo de cinco años.

Pero aparte de la red principal, faltará que cada campesino asuma el amueblamiento interior de sus fincas, es decir, todo el equipamiento necesario a partir del hidrante y la tubería que llegue a cada finca privada. Una inversión que debe salir exclusivamente de los bolsillos de los regantes (con ayudas exclusivas para los agricultores profesionales) y que asciende a un total de 400 millones de euros más. Es en este último aspecto en el que muchos campesinos pequeños no profesionales (el 75% del total, según el Manifiesto del Gran Urgell) se muestran contrariados. Si no pueden acceder a las ayudas, avisan de que la rentabilidad de sus fincas será nula durante varios años y, para muchos de ellos, con una edad avanzada y sin relieve, parece una inversión sin sentido. Xavier Díaz asegura que la Casa Canal está negociando con varias entidades bancarias para conseguir convenios de financiación que mejoren las condiciones de estos regantes.

Varios agricultores que han asistido a las últimas asambleas por colectividades se han mostrado reacios a acceder a créditos de treinta años para pagar este amueblamiento y algunos plantean que si la operación la pagara la Casa Canal y después les cobrara un recibo (como hace con el agua) sería más viable.

"El problema de todo ello es que en su día vendieron un plan de modernización demasiado barato", comenta Ignasi Servià.

Otra de las propuestas que generan más recelo entre los regantes es la de compartir infraestructuras inutilizadas de la Generalitat, como las del canal Segarra-Garrigues. El objetivo es ahorrar en la construcción de balsas y estaciones de bombeo, garantizando la cobertura del sistema de ambos canales con una asunción de parte de la amortización de inversiones del Segarra-Garrigues por parte del canal de Urgell y el pago de una tarifa de mantenimiento y explotación. Pero compartir tiene una posible (y temida) contrapartida: la fusión de ambas comunidades. El artículo 81 de la ley estatal de aguas indica que "las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, pueden formar una comunidad general" y "el organismo de cuenca puede imponer, cuando el interés general lo exija, la constitución de los distintos tipos de comunidades y juntas centrales de usuario. Los regantes de Urgell no ven con buenos ojos una fusión "con un riego privatizado e infrautilizado y con un precio de agua prohibitivo", como denuncian algunas voces.

La votación final

La aprobación final del proyecto de modernización del día 21 de diciembre necesitará los votos de los síndicos que representen, al menos, dos terceras partes de todas las hectáreas presentes en la votación. La junta ha establecido que el proyecto de modernización es lo suficientemente relevante para no tener que aprobarlo simplemente con una mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos), tal y como dictan las ordenanzas para las votaciones regulares. Además, muchos piden que la votación en la asamblea sea a cara descubierta (y no secreta, como dicen las ordenanzas), para comprobar si finalmente los síndicos votan lo consensuado previamente con su colectividad. Fuentes de la Casa Canal avanzan que será muy probable que acabe decretándose una votación a mano alzada.

Entidades como el Manifiesto del Gran Urgell piden que la aprobación del proyecto cuente con el máximo apoyo posible antes de salir adelante. "Si no conseguimos un consenso importante y acaba aprobándose por mínimos, acabaremos encontrándonos muchos más obstáculos por el camino", advierte Jaume Perera.