Amenaza de multa a ‘Directa’ por revelar la identidad de policías infiltrados

BarcelonaCensurar una decena de los artículos de su web y una sanción de 7.000 euros. Esta es la pretensión de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha incoado un expediente a la publicación Directa por una serie de reportajes en los que revelaba la identidad de agentes de la Policía Nacional infiltrados en movimientos sociales. Cuatro miembros del cuerpo han apelado a este organismo y, después de que se desestimara su demanda, un recurso de reposición ha conseguido que tire adelante con esta propuesta de resolución.

El Colegio de Periodistas acogía este miércoles una rueda de prensa en la que Jesús Rodríguez, periodista de Directa, valoraba el caso acompañado de la abogada Sònia Olivella de Irídia y Elisabet Borreda, copresidenta del grupo Barnils. “Nos dan tres meses para que censuremos diez artículos borrando no solo los datos personales, sino también las ficticias con las que se infiltraron, y pixelamos caras y tatuajes”, explicaba Rodríguez. La publicación presentará alegaciones dentro de los tres meses que tiene disponibles.

A juicio de su defensa, hay un hecho fundamental: los seis policías que fueron expuestos a lo largo de tres años no eran agentes que actuaran bajo cobertura judicial para investigar un delito en concreto, sino que se trataba meramente de agentes de inteligencia, una figura que no tiene cobertura legal específica en el Estado y que ha sido denunciada por los movimientos sociales. Esta diferencia en el estatus de los agentes hace, a juicio de Olivella, que no tenga sentido que la Agencia Española de Protección de Datos priorice su privacidad al derecho a la información. “Son servidores públicos y, por tanto, justamente porque han de poder ser fiscalizados el ordenamiento jurídico especifica que gozan de una menor privacidad”, recordaba.

Los participantes de la rueda de prensa han opuesto la opacidad del Estado español a la respuesta del Reino Unido cuando se descubrió un caso similar de infiltración: se impulsó una Comisión de la Verdad que ha investigado desde 1982 hasta la actualidad y se ha entregado la documentación recogida por la policía de manera espuria a los afectados. La identidad de los agentes permanece publicada en medios del país. De hecho, el caso de Directa puede ser palanca de nuevas actuaciones de presión mediante esta vía: diversos medios de comunicación y personas individuales han recibido ya requerimientos de información de la Agencia en relación con este caso. TV3 dedicó un 30 minuts a estas infiltraciones, donde se explicaban detalles de los policías partícipes en la operación.

Directa ha presentado un manifiesto en su web y ha iniciado una campaña de recogida de firmas y suscripciones para hacer frente a los gastos legales de su defensa. Borreda, del grupo Barnils, enmarcaba esta propuesta de sanción en las llamadas Slapp, por su acrónimo en inglés: acciones judiciales que no buscan la victoria en los tribunales, sino infundir miedo y desgastar a los periodistas. “Cada hora perdida defendiéndose es una hora en la que el periodista no está investigando”, concluía.