El qué, quién y cómo: todo lo que sabemos hasta ahora de la amnistía

Barcelona / MadridLa amnistía pactada por el PSOE con ERC y que todavía se negocia con Junts está cerca de ser una realidad, al menos sobre el papel. La intención es que una vez haya acuerdo de todas las partes, la ley para el olvido judicial del Proceso se tramite rápidamente como contrapartida del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Pero cuándo estará vigente esta amnistía? ¿Se puede detener? ¿Qué efectos tendrá? Repasamos las principales preguntas y respuestas que plantea el acuerdo sobre la norma.

¿Qué implica la amnistía?

A la espera de la concreción del articulado y, por tanto, a grandes rasgos, la ley de amnistía dejaría sin efecto todas aquellas causas que tengan que ver con el Proceso y eliminaría los antecedentes penales de los afectados. A priori, y según se desprende de los detalles que han trascendido hasta ahora, sus efectos se remontarían hasta 2013, para incluir los casos que tienen que ver con la consulta del 9-N de 2014. El período incluido llegaría prácticamente hasta en la actualidad. La duda, porque todavía lo sigue reclamando Junts, es si también se incluirán otros casos no ligados directamente al 1-O, en los que están investigados o condenados, entre otros, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont ; Gonzalo Boye, su abogado, y Laura Borràs, la presidenta de Junts.

El texto, que se amparará en el orden constitucional y se justificará con la necesidad de recuperar la convivencia en Cataluña, no considerará específicamente delito ni el 1-O ni el 9-N y se limitará a relatar fácticamente los hechos de los años más álgidos del Proceso.

Cómo se tramitará y cuándo es ¿aprobará la ley?

La tramitación de la amnistía se iniciará presumiblemente por la vía de urgencia en el Congreso, como se hizo con la reforma del Código Penal para derogar la sedición. En ese caso, entre el registro del texto y la aprobación definitiva pasaron un mes y doce días, pero en el caso del olvido judicial del Proceso los tempos se prevén más largos. El motivo: el PP ha activado la maquinaria para dilatar sus tempos en el Senado.

A través de una reforma del reglamento de la cámara alta, los populares pretenden derribar el procedimiento de urgencia, lo que podría alargar su tramitación hasta dos meses. De ser así, la aprobación llegaría en febrero, pero hay que tener en cuenta que el mes de enero es período inhábil. La luz verde definitiva, pues, podría llegar a alargarse hasta marzo o abril.

¿Qué efecto tendrán los recursos en el TC?

Una vez se apruebe la ley, al menos el PP ya ha avisado de que la impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC). Lo podrá hacer mediante recurso de inconstitucionalidad, para el que se requieren 50 diputados o senadores. También podrían presentarlo cámaras o gobiernos autonómicos que se consideren afectados por la norma.

Según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sin embargo, la admisión a trámite "no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley" en ninguno de los casos. Sólo se podría forzar su suspensión si el recurso fuera del gobierno español, lo que no se dará en este caso. Ahora bien, el TC podría aceptar su suspensión hasta que decida.

¿Puede la justicia frenar la amnistía?

Los tribunales que hayan dictado sentencias sobre el Proceso o que tengan procedimientos abiertos sobre la cuestión sí que podrían frenar la aplicación de la amnistía, ya que son ellos quienes tendrán que adaptar las causas que les afecten a la nueva ley. Es el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo en relación con la sentencia del 1-O y los exiliados.

Si presentan una cuestión de inconstitucionalidad, "el proceso judicial quedará suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión ", según la ley del TC. Hasta entonces, pues, no dictarían el eventual archivo de las causas abiertas, ni quienes hubieran recurrido la norma ni quienes decidieran esperar a las cuestiones de inconstitucionalidad de terceros.

Los mismos tribunales, además, también podrían acabar planteando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclarara si la amnistía encaja con el derecho comunitario, lo que también aplazaría su aplicación.

¿Qué papel puede jugar la derecha judicial?

La petición de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial de convocar un pleno para pronunciarse sobre una ley de amnistía tiene como única consecuencia la celebración de esa reunión. Ni siquiera está garantizado que el texto salga adelante –porque los otros dos vocales de la derecha no se han mojado– y, aunque se aprobara, se trataría de una simple declaración política sin efectos jurídicos.

De hecho, como que la ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, no deberá pedirse un informe a organismos como el CGPJ y el Consejo de Estado –sí se hace con los proyectos de ley del gobierno– que, igualmente, serían preceptivos pero no vinculantes.

¿Puigdemont y el resto de exiliados podrán volver automáticamente?

En caso de que el Tribunal Supremo decidiera aplicar directamente la amnistía una vez aprobada, los exiliados podrían regresar a España sin riesgo de ser detenidos y esto, de hecho, establecería jurisprudencia para el resto de tribunales. En caso de que, como es esperable, elevara una cuestión de inconstitucionalidad al TC, el procedimiento del expresidente –y, por tanto, su libre retorno– quedaría congelado a la espera del tribunal de garantías.

Lo mismo ocurriría si el Supremo presentara una cuestión prejudicial en el TJUE, como hizo el magistrado Pablo Llarena con las euroórdenes. Esto evitaría situar el balón en el tejado del Constitucional –que ahora tiene una mayoría favorable en el PSOE– y tanto la decisión como el calendario de un hipotético regreso estarían en manos de Luxemburgo. En el caso de las euroórdenes, la resolución tardó casi dos años.

¿Qué ocurre con las causas de los CDR y el Tsunami?

El hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya aceptado hace unos días que Vox y la entidad Dignidad y Justicia se personaran como acusaciones populares en la causa del Tsunami Democrático complica la situación de los encausados. Entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, exiliada en Suiza.

Hasta ahora la Fiscalía se había mostrado predispuesta arebajar la acusación de terrorismo y dejarla en desórdenes públicos, pero esto podría quedar en papel mojado si la extrema derecha pidiera acusar por terrorismo, algo que el juez debería valorar. Si ocurriera, la amnistía que negocia el PSOE con el independentismo debería incluir los delitos por terrorismo para que afectara a los encausados del Tsunami y los CDR. Según ERC, esto ya está garantizado.

¿Los policías del 1-O quedarán libres de responsabilidad?

Según los detalles del contenido de la ley que han ido apareciendo hasta ahora, la amnistía también ampararía a los policías procesados por la violencia policial contra los votantes del referéndum del 2017. Sin embargo, fuentes republicanas apuntan al ARA que quedarían fuera los procesados por torturas, por trato degradante y los casos en que se haya causado una pérdida de órganos.

¿Junqueras y Puigdemont podrán presentarse a las elecciones?

La amnistía implicaría luz verde para que cualquier condenado o procesado por el Proceso fuera candidato, pero que puedan hacerlo de cara a las próximas catalanas (previstas para febrero 2025), por ejemplo, dependerá de las decisiones y plazos con los que trabajen los jueces. Raül Romeva y Jordi Turull. Carles Puigdemont, por el contrario, no está inhabilitado y podría concurrir a unas elecciones, pero lo haría con limitaciones porque seguiría pesando sobre él una orden de detención en España: no podría hacer campaña en Catalunya ni –salvo que el TC cambiara de criterio– podría aspirar a ser investido presidente.&_BK_COD_ ¿Qué pasaría si el TC tumbara la ley?

El Tribunal Constitucional acabará teniendo la última palabra sobre la ley de amnistía. Su decisión final podría tardar en llegar meses o años y los efectos de una eventual anulación dependerán de lo que diga la misma sentencia: si los magistrados consideran que la amnistía tiene consecuencias de cara al pasado, los jueces que hubieran archivado las causas vinculadas al Proceso deberían reabrirlas. Sin embargo, lo habitual es que el TC dé a sus resoluciones efectos a futuro. Si así fuera, los tribunales que aún no hubieran archivado sus procedimientos podrían continuarlos.