Por último, cinco meses después de los acuerdos de investidura entre ERC y Junts con el PSOE, los tres partidos se han puesto de acuerdo en el proyecto que debe servir para desatascar la legislatura española y situar el conflicto político catalán en una nueva fase : la amnistía para todos los encausados del Proceso. El redactado concreto de cómo queda la ley se conocerá este jueves por la mañana, pero de entrada el anuncio del acuerdo es un hito histórico que no sólo representa un alivio a los cientos de personas sobre las que pesa la amenaza de la justicia española, sino que permite pasar página a una de las etapas más oscuras de la democracia española y mirar adelante con algo más de optimismo.
No se puede pensar que la amnistía tendrá ahora un camino fácil y que tendrá el efecto exacto que buscan sus impulsores, pero el acuerdo era la condición sine qua non para poder empezar a andar. Los retoques a la ley deben servir, si no para evitarlo del todo, al menos sí para ponerlo más difícil a los jueces españoles que insisten en intentar torpedear la iniciativa construyendo causas por terrorismo allí donde estaba el ejercicio de derechos fundamentales . Habrá que estar preparados, pues, porque estos obstáculos continuarán, pero la aprobación de la amnistía, que todavía tendrá que pasar un calvario de dos meses en el Senado antes de ser aprobada definitivamente, era urgente para evitar el sufrimiento a muchas personas que están pendientes de juicio o de cumplir condena, como es el caso de Dani Gallardo, el joven condenado por protestar en Madrid contra la sentencia del Proceso, y contra el que hoy la Audiencia Nacional ha cursado una orden de detención para ingresarle en prisión . La prioridad debe ser ahora ahorrar el máximo dolor a las personas encausadas.
El acuerdo también debe permitir poner el contador a cero para que, en paralelo a la resolución del conflicto, las diferentes administraciones se pongan a trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente. Las palabras del senador de Junts Josep Lluís Cleries, en el sentido de que después de la amnistía deben venir unos presupuestos sociales, resultan especialmente esperanzadoras.
La aprobación de la ley también debe servir para lanzar un mensaje contundente a la derecha y la extrema derecha para que respete el resultado electoral y deje de boicotear acuerdos políticos basados en la voluntad popular. En el Congreso hay una mayoría de corte progresista y plurinacional que debe trabajar para desmontar éste deep state que se resiste a perder el control y que actúa de forma vengativa contra todo aquél que identifica como una amenaza. El PSOE debe entender que la amnistía no es un punto final, sino un punto de partida para iniciar una redemocratización de un Estado con demasiadas rémoras del pasado y que nunca puede ser una cárcel para los pueblos que lo componen ni una fuente de injusticias para sus ciudadanos.
