Cinco años del 20-S: el día que empezó la represión

BarcelonaA principios del 2017, un particular presentó una denuncia contra el ex juez Santi Vidal por haber insinuado que el gobierno de la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes. A mediados de febrero, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abría una investigación. Pero no se limitaría al caso de Vidal, sino que el tribunal dejaría caer una bola de nieve por una rampa que a medida que pasaban los meses y se acercaba el referéndum del 1-O se haría cada vez más grande. El independentismo, sin embargo, no vería el efecto de esa bola de nieve hasta ocho meses después.

Hasta septiembre de 2017, las advertencias del Estado contra los preparativos del 1-O habían llegado en forma de avisos del Tribunal Constitucional y de registros en varias empresas. Pero el 20 de septiembre todo cambió. Muy temprano por la mañana, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hicieron 41 registros en sedes de la Generalitat y detuvieron a 15 altos cargos. Fueron las primeras detenciones del Procés. ¿Quién había pedido ese operativo? Un juzgado de instrucción que, sobre el papel, solo estaba investigando las declaraciones de un ex juez catalán. De hecho, el titular de este tribunal tardó 21 meses en admitir que, en realidad, estaba investigando los preparativos del 1-O.

Con los años, la causa del 13 pasó de ser una bola de nieve a un cajón de sastre. Casi cinco años después, una treintena de ex altos cargos están investigados y esperan juicio. Hace mucho tiempo que esperan y los abogados ya admiten que, si bien esta fue una de las primeras causas que se abrieron, será una de las últimas que se juzgarán.

El 20 de septiembre fue un día que tuvo de todo: detenciones, manifestaciones, funcionarios judiciales saltando azoteas y coches de policía pintados. A primera hora había baile de nombres entre los detenidos. Por unos momentos corrió la información de que el actual president y entonces secretario de Economía, Pere Aragonès, era uno de ellos. Aragonès, sin embargo, estaba entrando en Barcelona y se dirigió directamente al Palau de la Generalitat. Sí fueron detenidos el entonces secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y también el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, dos de los cerebros del 1-O. Hoy todavía esperan juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya –son aforados–. Como muestra de aviso, ese 20 de septiembre amarró en el puerto de Barcelona el primer barco conocido como Piolín con policías en el interior.

40.000 personas

La respuesta del independentismo también fue inmediata: 40.000 personas se concentraron a primera hora ante la sede del departamento de Economía, donde se estaba produciendo uno de los principales registros. Se quedaron todo el día, y al cierre de la edición del ARA de esa noche todavía seguían ahí. Esto, de hecho, en cierto modo supuso un problema. La comitiva judicial tenía que salir de la conselleria de Economía y la manifestación lo impedía, sumado al hecho de que todavía quedaban coches de la Guardia Civil en el exterior, que quedaron tragados por la movilización popular.

Los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC), actuaron de mediadores con la policía e intentaron abrir un pasillo para permitir su salida. Los funcionarios judiciales, sin embargo, no lo veían claro. Todo acabó con la interventora saliendo por la azotea del departamento y con Sànchez y Cuixart subiendo a un coche de la Guardia Civil para hacerse oír y desconvocar la manifestación. Esa acción fue uno de los argumentos de los tribunales para justificar un "alzamiento tumultuoso" y también para argumentar una acusación por rebelión, que supone violencia.

El macrooperativo policial no acabó en los departamentos del Govern. El mismo día, decenas de agentes de la Policía Nacional rodearon la sede de la CUP para confiscar carteles a favor del referéndum. La movilización popular, sin embargo, lo evitó. La policía también se desplazó hasta Bigues i Riells, donde confiscó miles de papeletas y material para el referéndum. La respuesta del Govern, con una comparecencia del president Carles Puigdemont acompañado de todos los consellers, fue mantener el 1-O a pesar de la "deriva autoritaria" del Estado.