La Comisión de Venecia recomienda involucrar al PP en la negociación de la amnistía

VeneciaLa Comisión de Venecia ha avalado definitivamente este viernes a grandes rasgos la ley de amnistía, a pesar de apuntar matices y diferentes recomendaciones. Concretamente, recuerda que las amnistías son por definición "restaurativas" y persiguen "la reconciliación política", pero advierte que para "no frustrar" sus objetivos no deberían tramitarse "de forma acelerada" y deberían contar con "mayorías calificadas ". En el caso de la del Proceso, pues, recomienda que se involucre al PP en la negociación de la medida, que acaba de llegar al Senado –con mayoría absoluta popular– tras ser aprobada por el Congreso. "Por todos los potenciales efectos divisivos, es especialmente importante que una amnistía reciba el apoyo de una mayoría amplia", apuntó este viernes uno de los ponentes del informe, el jurista neerlandés Martin Kuijer.

No parece, sin embargo, que las recomendaciones de Venecia acaben teniendo efecto, teniendo en cuenta que los populares no sólo no tienen ninguna intención de negociar la amnistía sino que la combaten por tierra, mar y aire. Este viernes, de hecho, han vuelto a mostrarse muy contundentes. "Excede los límites del derecho europeo y vulnera la separación de poderes. La Comisión de Venecia evidencia las mentiras del PSOE", insisten fuentes populares, que se aferran a las partes del dictamen menos efusivas con el redactado de la ley.

Los expertos de Venecia no dicen que la ley rompa la independencia judicial, sino que queda garantizada porque serán los jueces los encargados de aplicarla. En este sentido, insisten en que es necesario "acotar y definir más" qué delitos y qué arco temporal afecta a la amnistía para garantizar unos "vínculos más estrechos" entre los actos delictivos que comprende la normativa y "las consultas del Proceso y sus derivadas", también en lo que se refiere a los actos de malversación y corrupción: "Falta un vínculo causal más claro con la malversación, por ejemplo".

En cuanto al terrorismo, que es una de las preguntas explícitas que le trasladó el Senado, la Comisión de Venecia no se moja y se limita a señalar que debería "asegurarse" que, teniendo en cuenta los estándares internacionales , se excluyen de la medida aquellas "violaciones serias contra los derechos humanos". Por tanto, deja a la interpretación de los tribunales españoles si la ley de amnistía podría beneficiar a los supuestos delitos por los que, por ejemplo, se está investigando al expresidente en el exilio Carles Puigdemont en el caso de Tsunami.

Los expertos jurídicos tampoco ahondan en la constitucionalidad de la medida, que es una de las principales quejas de los conservadores. El PP asegura que la Comisión les da la razón y que, por tanto, la amnistía es inconstitucional. En cambio, el ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, ha destacado en declaraciones a los medios justamente lo contrario diciendo que el organismo europeo "avala rotundamente" la ley. Sea como fuere, la Comisión de Venecia sencillamente insta a cumplir con la carta magna y, según fuentes del Consejo de Europa al ARA, en el dictamen final sólo se señala que se reforme la Constitución cuando "sea el momento idóneo" , sin aclarar si debe ser antes o no de aprobarse la amnistía.

Sin prisas

Una de las críticas más destacadas a la amnistía de los expertos en derecho constitucional es sobre la forma y rapidez en que se está tramitando la ley, y recuerdan que este tipo de iniciativas legislativas, que por naturaleza "son controvertidas", es más "adecuado" no salir adelante a través de "procedimientos de urgencia". En este sentido, insiste la Comisión, debe prevalecer la voluntad de "normalizar" la situación política y social y, por tanto, tal y como ha indicado el ponente Kuijer, "intentar no profundizar en la división ya existente" de España y Cataluña .

Aunque va más allá de la amnistía, los expertos también se han posicionado en contra de citar a magistrados en las comisiones de investigación sobre las cloacas del Estado que se han impulsado en el Congreso. En este sentido, la Comisión reclama que sea el poder judicial el que haga "escrutinio" del ejecutivo, y no a la inversa.

El dictamen ha sido avalado por los 61 técnicos jurídicos que envían los estados que forman parte del Consejo de Europa y que se han reunido en la majestuosa sala principal de la Scuola Grande San Giovanni de Venecia, donde se encuentra periódicamente la Comisión . Durante los últimos días el organismo jurídico ya ha estado discutiendo el texto final, especialmente sobre las enmiendas y reparos presentados por las partes afectadas a partir del borrador, y este viernes "solo faltaba cerrar los últimos flecos". Como es habitual en este tipo de casos, el dictamen se ha aprobado por consenso y no ha sido necesario llevarlo a votación, y no es vinculante.