¿España está madura para juzgar al rey emérito?
BarcelonaMuchas veces oímos decir a miembros del gobierno español (básicamente del PSOE) y de la oposición que España es una democracia madura que ocupa un lugar privilegiado en los rankings internacionales. Pero lo cierto es que el anuncio de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se dispone a archivar las diligencias sobre los presuntos delitos cometidos por el rey emérito Juan Carlos I demuestra que no es muy bien así. Y que, sin negar que España sea una democracia homologable, todavía no es lo bastante madura como para afrontar un juicio contra uno de los personajes clave de la Transición como fue la del ex monarca, que a buen seguro haría temblar los fundamentos del régimen del 78. El hecho de que los fiscales españoles hayan topado contra el muro de la inviolabilidad y la Hacienda española haya dado por buenas las regularizaciones de dinero opaco por valor de 5 millones de euros hechas por Juan Carlos I deja el caso ya solo en manos del fiscal suizo Yves Bertossa.
Es verdad que en la Fiscalía Anticorrupción queda viva un flequillo del caso que, si dan fruto las investigaciones del fiscal Pastor, podría aportar pruebas para reabrir el caso, pero las posibilidades son más bien escasas vista la nula voluntad de colaboración de las autoridades saudíes. Todo apunta, pues, a que Juan Carlos I no tendrá que responder ante la justicia española por los presuntos delitos cometidos y que quedará impune a pesar de haberse consabido que cobró 100 millones de dólares del ministerio de Finanzas saudí por su tarea de intermediario en la licitación del AVE La Meca-Medina, un dinero que, debido a su origen irregular, después transfirió a su amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
Cuando se acabe de aclarar el futuro judicial de Juan Carlos I será el momento en el que la Corona tendrá que afrontar un nuevo debate: ¿ha de volver a España? ¿Dónde se podría instalar? ¿Qué relación mantendrá con su hijo, que ve como el prestigio de la institución que encarna se degrada día a día debido a las informaciones sobre su padre? ¿Qué postura adoptará, también, el gobierno español, donde por primera vez hay un componente claramente republicano? El incendio provocado alrededor de la monarquía está lejos de extinguirse, y este es un debate que no desaparecerá.
Si los partidos mayoritarios españoles fueran democráticamente escrupulosos impulsarían una reforma de la Constitución para modificar, por ejemplo, el artículo 56.3, donde se afirma que "La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" para dejar claro que esta "inviolabilidad" solo puede ser aplicable a actos refrendados por el gobierno de turno, pero no por aquello que haga el monarca a título personal. Y es evidente que un monarca en ejercicio no puede cobrar comisiones de ningún tipo. También se tendría que eliminar de la Constitución la preponderancia masculina en la línea dinástica, una herencia del pasado que no tiene lugar en el siglo XXI.
Aun así, es difícil que el PP y el PSOE se atrevan a abrir el melón de la reforma constitucional, de forma que la decadencia de la institución continuará imparable al margen del futuro de Juan Carlos I. Y esto tanto si lo juzgan como si no.
