La imagen del ministro de Justicia y la Presidencia, Félix Bolaños, reunido en Bruselas con el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la mediación del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, da la exacta medida de la excepcionalidad en la que se ha instalado la justicia española desde hace años. El PP lleva cinco años negando a renovar el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo la Constitución, por no perder la mayoría conservadora actual con la excusa de que quiere despolitizar el órgano y negociar un cambio en el sistema de elección de los suyos jueces. Pero la realidad es que los populares lo que quieren es asegurar que siempre habrá mayoría conservadora. Mientras tanto, hay decenas y decenas de nombramientos de tribunales bloqueados, lo que agrava aún más la situación en los juzgados. amnistía para los encausados del Proceso, hasta el punto de que se han llegado a producir manifestaciones de togados contra una ley que es potestad del poder legislativo y que no está ni aprobada. O sea, que mientras desde la judicatura se pide respeto para sus decisiones, resulta que ellos sí pueden manifestarse en la calle contra una ley.
Pero sin duda lo más grave no son estas manifestaciones, sino las maniobras de ciertos jueces como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre por sortear la amnistía y construir acusaciones por los delitos de terrorismo o alta traición. En el caso de Aguirre, este juez incluso se permite el lujo de aparecer en televisión alemana abonando la tesis de la trama rusa en el Proceso. Ante estos hechos, incluso el PSOE llegó a criticar estas actuaciones como "ingerencias" del poder judicial en el legislativo. Un poder judicial que, por cierto, hasta ahora siempre se ha negado a investigar la operación Catalunya.
Ante la magnitud de estos escándalos, es bastante hipócrita que el CGPJ se rasgue las vestiduras por las críticas de las diputadas Míriam Nogueras (Juntos) y Pilar Vallugera (ERC), y también de Gerardo Pisarello (Comuns), a algunos jueces. En una situación normal, en la que no hubiera habido prisión, exilio y multas para muchos independentistas, los jueces podrían tener razón de pedir respeto institucional. Pero en el contexto actual la libertad de expresión, como derecho fundamental, está por encima de ese respeto. Y los representantes públicos tienen todo el derecho a criticar a los jueces que retuercen la ley con groseras motivaciones políticas.
Si quieren recuperar una mínima credibilidad y no ser una excepción en Europa, lo que deberían hacer los jueces es presionar al PP para que acepte renovar al CGPJ y denunciar lo que es un intolerable secuestro de un órgano constitucional por parte de un partido político . Y después desautorizar cualquier manifestación o crítica pública de un juez a una decisión de otro poder del Estado, sea el legislativo o el ejecutivo. Hasta que esto ocurra habrá motivos para pensar que la justicia tiene un sesgo ideológico evidente.
