Llarena no se cree el informe de los Mossos y pide investigar si hay delito en la fuga de Puigdemont
El magistrado envía la causa a los juzgados de Barcelona mientras la Fiscalía no ve responsabilidad penal en Aragonès, Rull y la cúpula de los Mossos
BarcelonaEl magistrado Pablo Llarena cuestiona el informe que le entregaron los Mossos d'Esquadra sobre la huida del expresidente Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto durante el debate de investidura de Salvador Illa y considera que se le podría haber detenido. En la providencia, el instructor del Proceso asegura que los informes que ha estudiado "no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial" hubiera detenido al líder de Junts en su recorrido hasta el lugar donde se unió a "esta aglomeración de personas que 'esperaban'. Tampoco era imposible, añade en un breve escrito de dos páginas, "el seguimiento y la detención" del expresidente, que tiene en vigor una orden de búsqueda y captura en territorio español por la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Pero su opinión choca de lleno con el parecer de la Fiscalía, que se opone a que la justicia investigue al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Parlament, Josep Rull, ya la cúpula de Mossos por la huida de Puigdemont, porque no ve indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención. Se ha pronunciado en respuesta a las querellas de Vox y Hazte Oír por este caso.
Llarena ha remitido a los juzgados de Barcelona los informes que tanto Interior como los Mossos d'Esquadra elaboraron sobre la huida de Puigdemont de la capital catalana el pasado mes de agosto porque entiende que podría haber cometido un delito de omisión del deber de perseguir delitos por parte de funcionarios y el encubrimiento o colaboración en la fuga del responsable de un delito. Según el magistrado, lo que se expone en estos informes “impide excluir la participación de otros responsables”, por lo que lo envía a los juzgados para que investiguen su posible colaboración en la fuga de Puigdemont y para que determinen si hay delito.
Según fuentes de los Mossos, el informe es "duro" para el cuerpo, aunque sean insinuaciones y que finalmente no acaben en nada. Temen, sobre todo, una pérdida de confianza con la judicatura, porque había costado mucho recuperarla tras el 1-O. Fuentes del cuerpo recuerdan que uno de los motivos por los que ese día activaron el dispositivo Jaula (que generó mucha polémica) fue para que Llarena no pudiera reprochar en un futuro que no hicieron nada para detener a Puigdemont después de que fallaran sus previsiones (preveían detenerlo cuando intentara acceder al Parlamento). También temían que de no hacerlo ellos, el magistrado del Supremo lo habría ordenado a la Guardia Civil. La nueva consellera de Interior, Núria Parlon, quiso ser diplomática y en rueda de prensa afirmó que "respeta" las decisiones judiciales al igual que expresó la "confianza" en los Mossos. "Podemos deducir que las cosas se podían haber hecho mejor, pero eso no quita que nosotros apoyemos a los Mossos", ha afirmado. En esta línea, el nuevo director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, ha afirmado que como policía judicial "darán cumplimiento a cualquier orden judicial".
"Confusión"
En el escrito que los Mossos entregaron a Llarena, el entonces jefe de los Mossos, Eduard Sallent, señaló que las maniobras de distracción de Puigdemont y la gente que le ayudó generaron suficiente "confusión" para impedir que fuera detenido. Los mandos policiales estaban convencidos de que el expresidente intentaría acceder al Parlament, por lo que decidieron no detenerlo durante el acto del Arc de Triomf, porque había miles de personas animando al líder de Junts y existía el riesgo de tener que utilizar una fuerza desproporcionada para detenerle.
Los tres agentes de los Mossos d'Esquadra detenidos por ayudar al expresidente a huir han quedado apartados del cuerpo cautelarmente. A dos de ellos se les ha suspendido y se habría hecho lo mismo con el tercero, pero la consejera de Interior, Núria Parlon, explicó tras tomar posesión del cargo que no había sido así porque tiene la baja médica .
Los Mossos reconocieron errores en el dispositivo
Sea como fuere, los Mossos reconocieron "errores" en el dispositivo del 8 de agosto que movilizó a 600 agentes para detener a Puigdemont, como reflejaron en su informe. Sin prever que el expresidente huyera del Arc de Triomf, donde había organizado un acto político a las 9 de la mañana, el dron que vigilaba la zona no puso el foco sobre Puigdemont, sino que siguió la comitiva de personas que se dirigía hacia el Parlamento.
Pese al fracaso del operativo, los Mossos d'Esquadra lo tenían todo preparado por si conseguían detener al expresidente en su regreso a Catalunya coincidiendo con el debate de investidura de Salvador Illa. Incluso se había preparado el dispositivo para llevarlo a Madrid, aunque no tenían ninguna petición concreta para hacerlo, como apuntaba también el informe que se entregó a Llarena. Unos argumentos que no han satisfecho al juzgado instructor, que reprocha a los Mossos que no hicieron lo suficiente para arrestar al expresidente, aunque un agente de paisano del cuerpo –según ha explicado el cuerpo– llegó a correr dos kilómetros persiguiendo el coche blanco con el que se fue, sin éxito.
La Fiscalía General del Estado, contra el magistrado Macías
En paralelo, el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, ha presentado un escrito de recusación contra el magistrado conservador del Tribunal Constitucional José María Macías en lo que se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía. García-Ortiz reclama que no pueda participar en las deliberaciones y votaciones y recalca que cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) participó activamente en los debates y acuerdos contrarios a la ley.