Los fiscales del Proceso –Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena– continúan con su cruzada contra la ley de amnistía, ahora con una guerra interna en cuya institución forman parte. Ni el respeto debido a la cadena de mando judicial y al ordenamiento del estado de derecho les detiene. La suya parece más una cuestión de orgullo patriótico que de prurito profesional. ¿División de poderes? No están dispuestos a aceptarla si supone someterse a un poder legislativo que no es su cuerda ideológica. La nueva ley, en efecto, les ha enmendado la página. Les tocaría acatarla. Pero no. No están dispuestos a ello.
Una vez publicada la norma en el BOE, la reacción de este cuarteto de fiscales del Tribunal Supremo ha sido inmediata e implacable. No por poco previsible su obstruccionismo deja de ser grave. Su respuesta es un desafío a su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya través del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. No es que los fiscales se nieguen a dar rienda suelta a la norma manteniendo las órdenes de detención a los exiliados o elevando un recurso prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es que directamente niegan que la ley sea de aplicación. Lo hacen agarrándose al delito de malversación, para el que rechazan el olvido judicial que promulga la ley de amnistía.
De nuevo, los cuatro fiscales que defendían la acusación por el delito de rebelión y que se oponían a los indultos vuelven a la carga con un posicionamiento político difícil de disimular. Lawfare en toda regla. Donde no llegan la derecha y la extrema derecha, llegan ellos. Hablan, claro, de argumentos jurídicos, pero en la práctica se erigen en dique de contención contra los legisladores escogidos por la ciudadanía y contra su trabajo para que el conflicto político vuelva a dirimirse en el ámbito político, del que nunca debería haber salido. Los fiscales, en lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, hacen una interpretación que pervierte su espíritu. Amnistía? Pasar página? No. Paradójicamente, es como si hubieran hecho suyo uno de los lemas de los manifestantes independentistas durante los tiempos de la represión más dura: "Ni olvido ni perdón".
Al final, será el Tribunal Constitucional, ahora con mayoría progresista, el que tendrá que decidir. Esto es lo que el propio presidente español les ha respondido. Sin embargo, mientras no llega ese momento, los bastones en las ruedas de los fiscales impiden un mínimo y necesario retorno a la normalidad política. Con ello, claro, perjudican a algunos amnistiables, pero además afectan directamente a la gobernabilidad catalana en la medida en que uno de ellos, el candidato a presidir la Generalitat Carles Puigdemont, no puede volver al país con garantías de libertad. La actitud imperturbable de los fiscales pone en entredicho la separación de poderes, tiñe nuevamente de sospecha la imparcialidad que se les presupone, alarga absurdamente la represión post-Proceso y boicotea el regreso al diálogo y la negociación política. Están haciendo un triste favor en el estado de derecho y en la imagen democrática de España.
