La opa hostil del BBVA en el Banc Sabadell ha sido recibida con preocupación por gran parte del mundo empresarial y económico. Por la rapidez del movimiento, todo apunta a que el banco presidido por Carlos Torres ya tenía previsto el no inicial de Josep Oliu en su oferta, que fuentes financieras califican de "escasa" y que el compromiso del Banc Sabadell de repartir dividendos hace menos atractiva. Si el primer movimiento fue recibido con reticencias por actores económicos y políticos relevantes, empezando por los gobiernos de Cataluña y España, la opa hostil ha despertado una oposición aún más directa y generalizada, especialmente en el tejido empresarial catalán, algo que no significa que no pueda prosperar. El minifundismo accionarial del Sabadell –donde el fondo más relevante es el estadounidense BlackRock, que controla menos del 4% de los votos–, lo hace todo más incierto. La partida está abierta. Y los riesgos resultan evidentes.
Entre los riesgos más preocupantes está el que afecta al tejido industrial del país, en especial a las pymes, un sector que teme perder no sólo un interlocutor cercano sino una mínima pluralidad bancaria que le da juego a la hora de buscar financiación para las empresas. El oligopolio que se dibujaría en el Estado con la absorción del Sabadell por parte del BBVA empobrecería claramente el panorama financiero en España y Cataluña, donde tres entidades (CaixaBank, BBVA-Sabadell y Santander) dispondrían del 85% de las sucursales bancarias . Los primeros que perderían con la desaparición de la entidad presidida por Oliu serían, pues, los emprendedores, y por tanto la salud económica de territorios como Cataluña y Valencia. Una segunda afectación se produciría en el terreno social y cultural debido a la unión de sus respectivas fundaciones, con un BBVA ya poco presente en Catalunya. Habría, finalmente, pérdida de puestos de trabajo, en especial de los empleados del Sabadell, de nuevo con Catalunya como la más afectada. También se perdería poder de decisión y de influencia. Y, finalmente, la estabilidad del sistema sería menos sólida: se abriría la puerta a mayor riesgo sistémico para todo el sector financiero europeo y se perjudicaría la entrada de dinero extranjero en el Estado.
Todos estos argumentos son los que han puesto sobre la mesa tanto la Generalitat –el propio presidente Aragonés– como el ejecutivo español –por boca de tres ministros: Economía, Trabajo e Industria–, tanto el PSC como Junts, tanto las patronales catalanas como sindicatos, tanto las cámaras de comercio como el Banco de España. Desde Europa no ha habido posicionamientos explícitos, pero una cosa es la defensa de la necesaria concentración bancaria para crear entidades fuertes y otra que esa concentración se produzca dentro de las fronteras estatales: de hecho, desde Bruselas y Francfort siempre se ha defendido que el proceso sea transfronterizo. Habrá que ver, pues, qué papel juega el Banco Central Europeo (BCE). Y a escala española, de salir adelante la opa, será clave ver cómo actúan tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Más allá de si los accionistas aceptan la operación, dependerá de los organismos reguladores y de protección de la competencia que la operación salga adelante.
