Lo hemos visto con la Casa Orsola. Un episodio más, esta vez con final feliz para los inquilinos y muchas preguntas sobre el futuro de las otras Casas Orsola que hay en Barcelona. Una flor no hace verano. Explicamos cada día una crisis residencial con muchas aristas, con una amplísima casuística. Hoy mismo recogemos la triste realidad de un estudiante de FP –un muy buen estudiante– de origen marroquí que ha tenido que vivir en la calle: la ayuda de los profesores le ha salvado y ahora está pendiente de una solución más estable. Es un caso extremo. Otros mucho más cotidianos y menos dramáticos, pero igualmente preocupantes: muchos jóvenes de familias de clase media (entendida como un amplio cajón de sastre) que no pueden emanciparse porque los precios están disparados. Los topes de las zonas tensionadas han frenado el alza, pero no es suficiente. La oferta no crece. El turismo y los inversores extranjeros siguen tensando el mercado al alza. Y se mantiene un importante volumen de pisos vacíos.
Hay que romper estas disfunciones con políticas efectivas y pragmáticas. Ampliar vigorosamente la oferta es la solución más evidente, una ampliación que debe llegar por la acción conjunta del sector público y privado. La construcción de viviendas en Catalunya aumentó en 2024 un 8,2% respecto a 2023, pero los 15.604 inmuebles iniciados siguen estando por debajo de las 25.000 unidades anuales que la Generalitat considera necesarias. Son datos del estudio anual que realiza la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), que lamenta un retraso en la construcción de pisos que se arrastra desde el 2009. Llevamos, pues, tres lustros al ralentí. El sector privado lo atribuye a cuatro factores: carencia de suelo, inseguridad jurídica, falta de políticas de vivienda efectivas y lentitud administrativa. Hay ayuntamientos que tardan más de un año en tramitar licencias de obras, cuando el plazo legal es de dos meses.
En el caso de Barcelona ciudad, el año pasado se iniciaron 1.151 viviendas, un 10,8% menos que en el 2023. La capital tiene un problema gravísimo, un problema, sin embargo, que, más allá de si hay que mantener la reserva del 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones que parece que ha desincentivado, se debe : vivir lejos del centro no debe ser problema si las conexiones por tren o metro son buenas, algo que evidentemente ahora no ocurre. Vivienda y movilidad son vasos comunicantes. Aquí es donde debe entrar la planificación y la inversión pública. El escepticismo de los constructores en cuanto al compromiso del gobierno de Isla de construir 50.000 pisos va en este sentido: se valora la "buena intención", pero se echa de menos un presupuesto asociado que permita creer en él.
Ahora mismo el grito ciudadano es "pisos, pisos, pisos!". El tintineo de las claves en las manifestaciones se ha convertido en un lugar común. Son una reclamación y necesidad ampliamente compartidas. Pisos asequibles que hagan real el derecho a la vivienda. En pleno siglo XXI, en una sociedad avanzada como la catalana, cuesta entender que hayamos retrocedido en términos de vivienda. El sinhogarismo, las camas calientes, la infravivienda, los realquilados, los pisos patera o el hacinamiento están a la orden del día. Es perentorio salir del agujero.
