PP y Vox aprueban la reforma educativa que relega el catalán al País Valenciano
Los sindicatos reclaman a los partidos de la oposición que recurran la norma al Tribunal Constitucional
ValenciaEn cada reforma legislativa el catalán pierde espacios y altavoces en el País Valencià, y ahora aún más con el Partido Popular y Vox gobernante. Éste es el sentimiento compartido por muchos ciudadanos después de que, tal y como estaba previsto, este jueves las Cortes valencianas hayan aprobado tres leyes primordiales para el bipartito ultraconservador. Se trata de las normas que prevén la reforma de la enseñanza, la reestructuración de À Punt (la televisión pública valenciana)y el funcionamiento de la Agencia Valenciana de Antifraude.
La votación se ha producido después de que se viviera en Les Corts un debate lleno de reproches entre el ejecutivo y la oposición, donde el PP y Vox han calificado la presencia de la lengua catalana en las escuelas o en los medios públicos de "imposición". Para responder al binomio ultra, cientos de personas, la mayoría docentes, se concentraron esta tarde en las tres capitales valencianas. Las protestas, convocadas por la Plataforma por la Enseñanza Pública, han sido aprovechadas por los sindicatos y las asociaciones de familiares de alumnos para reclamar a las formaciones progresistas que, puesto que no han podido detener la norma en el Parlament, la recurran al Tribunal Constitucional al considerar que vulnera el Estatuto de Autonomía, que en su artículo sexto establece que "se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano". Según los representantes de los trabajadores y familias de alumnos, la nueva ley incumple este mandato "completamente". Paralelamente, Acció Cultural del País Valencià y el recientemente elegido eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, han anunciado que llevarán las leyes del PP y Vox a las instituciones europeas.
El arrinconamiento del valenciano en las aulas
La "ley de libertad educativa", llamada así por el PP y por Vox y aprobada este jueves, prevé que sean las familias y no el consejo escolar, como ha pasado hasta ahora, quien determine a través de una consulta telemática la lengua vehicular mayoritaria en las aulas. Dicho de otro modo: la decisión sobre si formar a los alumnos en catalán o en castellano quedará en manos de la mayoría de los padres y madres en las zonas valencianohablantes. Por el contrario, en las castellanohablantes será obligatoriamente el castellano. ha mostrado durante los últimos meses su rechazo casi unánime a la reforma. miles de docentes y estudiantes participaron en una huelga en contra de la ley. La presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, defendió que la norma no favorece la "libertad educativa", sino la "libertad de no aprender valenciano". "Si se aplica la nueva ley educativa, el valenciano terminará en una situación irreversible", alertó.
Para evitar esta situación los sindicatos han reclamado la acción de los partidos de la oposición, pero también de las familias a las que invitarán a que en las consultas telemáticas elijan el catalán como lengua vehicular mayoritaria. Así lo ha destacado el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (Stepv), Marc Candela, quien ha anunciado una "campaña para convencerlas".
En el mismo sentido se ha expresado Xelo Valls, portavoz de Educación de Comisiones Obreras, que ha defendido que aunque el PP y Vox tengan mayoría en las Cortes no están legitimados para "erradicar la lengua propia" y convertir el uso del valenciano en una "anécdota". También lo cree el portavoz de enseñanza de UGT, Kilian Cuerda, quien en la concentración de Valencia ha denunciado la perversión del término libertad. "El derecho es de los niños y no de las familias, y es el derecho a aprender", enfatizó. La concentración se ha cerrado con la consigna de ejercer una movilización permanente y con cánticos contra el conseller de Educación, José Antonio Rovira, al que han pedido la dimisión ya quien han reprochado que con un cargo como el que tiene no sepa hablar en valenciano.
El control de À Punt
Aparte de la ley educativa, otra institución que se ha visto afectada por las nuevas leyes aprobadas este jueves en las Corts valencianas es À Punt. PP y Vox han sacado adelante una reestructuración de la radiotelevisión pública valenciana para reducir la independencia del canal y poder influir en ella. Además, esta reforma de la cadena permitirá también difundir contenidos en castellano, si bien hasta ahora el valenciano era la única lengua.
Los cambios en cuanto a estructura son los siguientes: hasta la fecha existía un consejo rector formado por cinco miembros elegidos por Les Corts y otros cinco elegidos por órganos independientes. La reforma prevé eliminar este órgano para crear uno nuevo. Con la nueva ley se creará un consejo de administración en el que 7 de los 8 miembros estarán designados por los grupos parlamentarios. El integrante restante será escogido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.