ERC se presentó en las elecciones con cuatro condiciones irrenunciables para formar gobierno: el referendo, el concierto económico, la defensa de los servicios sociales y de la lengua catalana. A raíz del batacazo electoral, los republicanos anunciaron su paso a la oposición, pero la aritmética hace que su concurso, junto al de los comunes, sea una de las opciones más probables para que el socialista Salvador Illa, indiscutible ganador de las elecciones, sea investido. Ante este panorama, ERC ha enseñado cuál es la condición, no para formar un tripartito, sino para votar una eventual investidura del candidato socialista y después condicionarlo desde la oposición: la soberanía fiscal, es decir, una fórmula de financiación similar al concierto económico. La propuesta ha sido recibida con frialdad por los socialistas. "Hay que tener los pies en el suelo", ha afirmado Illa, insinuando que ésta es una propuesta de máximos e inviable en estos momentos. Sin embargo, convendría que el PSC hiciera una reflexión profunda sobre la oferta de Esquerra.
De entrada hay que decir que el concierto no es una propuesta inconstitucional, como podría ser un referéndum de autodeterminación según la doctrina actual del TC, sino que es una fórmula recogida en la Carta Magna, eso sí, sólo para dos territorios en concreto: Euskadi y Navarra (donde llaman convenio). En estos dos territorios los socialistas, e incluso los populares y la derecha foral de la UPN, son entusiastas defensores de un sistema que les otorga la llave de la caja y hace que allí tengan más financiación per cápita y que por tanto se puedan desarrollar políticas sociales más avanzadas que en el resto del Estado. ¿Por qué estos territorios pueden tener esta financiación y Cataluña debe soportar un déficit fiscal de 16.000 millones anuales? En realidad, el principal argumento del PSOE para oponerse es que de Catalunya salen muchos de los recursos que sirven después para equilibrar los ingresos de las comunidades autónomas más pobres. Pero en este punto hay que recordar que la propuesta que ha puesto ERC sobre la mesa, la de la financiación singular, no niega que deba haber una cuota de solidaridad. De lo que se trata es de que Cataluña recaude todos los impuestos, y ésta es una idea que tiene un amplio apoyo transversal a la sociedad catalana. Según la encuesta preelectoral que realizó YouGov para el ARA, un 61% están de acuerdo, entre ellos la mayoría de votantes socialistas.
Pero la reflexión de fondo que deben hacer PSC y PSOE es: si después de decir no a la independencia y decir no a un referéndum dicen que no también al concierto económico, ¿qué mensaje estarán lanzando a la sociedad catalana? ¿Que no es posible realizar ningún avance real en el autogobierno por las vías legales? ¿No hay más recorrido dentro de la Constitución? ¿Que la población debe aceptar sin protestar un maltrato fiscal crónico? Si Pedro Sánchez quiere tejer una alianza duradera con el independentismo que le sostiene en la Moncloa debe entender que debe dar pasos para federalizar el Estado de verdad. Y lo primero es solucionar de una vez por todas la financiación de Catalunya.
