Querella contra la policía infiltrada en Girona por tortura y revelación de secretos

GeronaÒscar Campos, el militante independentista gerundense que durante tres años convivió con una agente de la Policía Nacional infiltrada que le espiaba a escondidas, ha llevado su caso ante la justicia penal. La activista ha presentado una querella en los juzgados de Girona, junto a cinco de las entidades afectadas por la infiltración, entre ellas Òmnium Cultural, el Sindicato de Vivienda de Salt y la CUP Girona. La querella, pendiente de que se admita a trámite, va dirigida contra la policía, identificada con el nombre y apellidos reales, y también acusa a la cadena de mando del ministerio de Interior responsable de la operación que permitió almacenar y transmitir información privada y confidencial de los movimientos políticos de la ciudad.

El texto de la demanda, de 40 páginas, argumenta que el agente, infiltrada con el nombre falso de Maria Perelló, habría cometido un delito de tortura. "La tortura está tipificada como un mecanismo para obtener información a través de la causación de daños a los ciudadanos y esto encaja perfectamente con este caso", sostiene Benet Salellas, abogado de la acusación. "Maria cumple los rasgos psicopáticos de una persona capaz de enmascarar sus intenciones identificando los puntos débiles, sin compasión alguna hacia la violencia psicológica; y estas técnicas no tienen otro nombre que tortura, con el agravante de persecución ideológica" , denuncia Òscar Campos, que mantuvo una relación con el agente encubierta.

La querella también imputa un delito de lesiones a la infiltrada, ya que tanto Óscar como otros miembros de las entidades donde se introdujo la policía legan que han sufrido secuelas psíquicas importantes de estrés postraumático y depresión a raíz del descubrimiento del engaño. Y un delito de revelación de secretos, por la información obtenida. Ganándose la confianza de Òscar Campos, la infiltrada incluso pudo asistir a las reuniones con los abogados de los independentistas encausados ​​por los cortes en las vías del tren en el primer aniversario del referendo. "El Colegio de Abogados de Girona nos ha dado amparo y ha reconocido que se produjo una vulneración del derecho a defensa, puesto que la Policía Nacional asistió a las reuniones donde se preparaba la estrategia judicial de un caso en que la acusación la sustentaba la propia Policía Nacional", explica Salellas.

Agente encubierto sin cobertura judicial

Salellas añadía esta mañana que la figura del agente encubierto "sólo está prevista por delitos determinados de delincuencia organizada, como el terrorismo o el tráfico de personas, pero en el caso de Óscar y las entidades afectadas es imposible que haya este tipos de cobertura", defiende. Por eso el abogado sospecha que la infiltración de la policía se hizo sin la supervisión judicial que exige la normativa.

La querella inculpa directamente al agente de la Policía Nacional como máxima responsable de los delitos, pero también apunta a sus superiores como coautores de la conjura, tanto los que la prepararon y dirigieron a conciencia, como los que, conociendo la operación, no hicieron nada para ponerle fin. "Confiamos en que el nuevo gobierno no pondrá obstáculos para esclarecer los hechos y esperamos que llamen a declarar a la persona implicada ya sus superiores para saber cuál es el grado de responsabilidad del ministerio de Interior", manifiesta Salellas. Si en la investigación –en caso de que la querella se admita a trámite– se demostrara que el ministro Fernando Grande-Marlaska estaba al corriente, la acusación particular pediría al Tribunal Supremo investigarlo.