El valor de las palabras de Iglesias sobre el exilio
BarcelonaLas palabras del vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, en las que definía a Carles Puigdemont como un exiliado e incluso lo comparaba con el exilio republicano han provocado una tormenta política en Madrid, donde la triple derecha se ha vuelto a unir para pedirle la dimisión. Evidentemente, las declaraciones de Iglesias pinchan en hueso porque reconocer la existencia de exiliados por sus ideas políticas supone aceptar que la democracia española no respeta los derechos que dice defender en su Constitución. Por lo tanto, puede haber un punto de incoherencia en estas palabras de alguien que es vicepresidente del gobierno de un estado que encarcela y obliga al exilio a adversarios políticos, pero como afirmaba en la misma entrevista, los miembros de su formación han descubierto que no es lo mismo "estar en el gobierno que tener el poder".
Y esto es así porque el posicionamiento de Iglesias no tendrá consecuencias inmediatas, como le reclamaba el vicepresidente, Pere Aragonès, porque el líder violeta está en minoría en el gobierno y el PSOE no está por la labor de avanzar hacia la amnistía, ni siquiera para aprobar los indultos o reformar el delito de sedición antes de las elecciones. Aún así, sería un error quitar importancia o valor al hecho de que el vicepresidente del gobierno español se exprese en estos términos, y lo haga conociendo el malestar que provocaría en sus socios socialistas y la reacción furibunda que tendría la triple derecha. Iglesias demuestra ser valiente y coherente, en ocasiones incluso más que los propios comunes.
Una parte de la polémica se ha centrado en la comparación con el exilio provocado por la Guerra Civil. Este debate, que ya hemos tenido en Catalunya en el pasado, está fuera de lugar, puesto que ni las circunstancias históricas ni el volumen ni las condiciones del exilio es comparable. Además, como en todos estos procesos, exilios provocados por la dictadura hubo muchos. No fue lo mismo el exilio de un conseller de la Generalitat que el de un alcalde de un pueblo pequeño, o el de un miliciano del POUM que el de un profesor universitario que fue purgado en los años sesenta. En los años 40 solo una minoría pudo disfrutar de un exilio confortable, pero la mayoría tuvieron que huir a Francia u otros países en unas condiciones muy precarias y una parte nada despreciable acabó en campos de concentración nazis.
Afortunadamente, el contexto actual es muy diferente. Y aquí lo que es sustancial es señalar que, igual que en 1939, en 2017 un grupo de dirigentes políticos catalanes se fueron al exilio viendo que a compañeros suyos los acusaban de delitos que no habían cometido, como el de sedición o rebelión, en una ofensiva liderada por los jueces y los fiscales más conservadores. Son, por lo tanto, exiliados por motivos políticos porque, como bien dijo Iglesias, ni se han enriquecido, ni han robado ni han escondido dinero a Hacienda. Se puede ser crítico con su actuación o estar directamente en contra, pero cualquier demócrata tendría que subscribir las palabras de Iglesias y admitir la barbaridad jurídica que se ha perpetrado con los dirigentes independentistas catalanes. Desgraciadamente, voces como la de Iglesias no hay muchas en España.
