El desaguisado de las etiquetas ambientales de la DGT
Contra toda lógica, la nueva ley de movilidad sostenible no incluye modificación alguna en el sistema de clasificación de los distintivos ambientales de los vehículos con motor de combustión
Aunque Pedro Navarro, director de la DGT, aseguraba hace un año que el proceso de redefinición del sistema de clasificación de las etiquetas ambientales vigente estaba en marcha y parecía no tener freno, el hecho es que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la nueva Ley de movilidad sostenible sin incluir la disposición adicional decimoquinta, que debía permitir a la Dirección General de Tráfico establecer los mecanismos oportunos para modificar los criterios para asignar las etiquetas ambientales a los nuevos vehículos.
Fuentes cercanas al ejecutivo español apuntan a que esta decisión se fundamenta en la voluntad de no complicar ni confundir más al consumidor final añadiendo incertidumbre, y en que el proceso para establecer un nuevo sistema se alargaría, al menos, durante un año más, y que en ningún caso podría tener efecto retroactivo sobre los vehículos ya matriculados.
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Etiqueta CERO (color azul)
Reservada para vehículos eléctricos puros, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con autonomía mínima de 40 kilómetros y en los vehículos de pila de combustible de hidrógeno.
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Etiqueta ECO (color verde y azul)
Son acreedores los coches híbridos enchufables con autonomía menor a 40 kilómetros, los híbridos convencionales (no enchufables) y los propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado de petróleo (GLP). Esta etiqueta se convierte en un gran cajón de sastre que incluye vehículos con emisiones muy distintas.
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Etiqueta C (verde)
Corresponde a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y los diesel a partir de 2014, así como a los vehículos de más de 8 plazas y pesados matriculados a partir de 2014.
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Etiqueta B (amarilla)
Identifica los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y diésel a partir de enero de 2006, así como los vehículos pesados de más de 8 plazas matriculados a partir de 2005 .
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Etiqueta A (sin distintivo)
Los vehículos más contaminantes, que no cumplen los requisitos para ninguna de estas etiquetas, no reciben distintivo ambiental y son los que ya encuentran más restricciones en su uso, especialmente en las grandes ciudades.
Un sistema de etiquetado único (y arbitrario)
Todos los países europeos disponen de un sistema propio de clasificación de los vehículos nuevos en función de su nivel de contaminación y de los niveles de emisiones de gases contaminantes homologados por la normativa Euro, que contemplan las emisiones de monóxido de carbono, NOx, partículas y otros gases. En muchos países europeos como Alemania, Francia, Italia o Bélgica, entre otros, se agarran a esta especificidad técnica, y añaden otras evidencias demostrables y medibles como los índices de emisiones de CO₂.
Desgraciadamente, el funcionamiento del sistema español difiere bastante del del resto de países de su entorno, clasificando los vehículos nuevos en función del tipo de motor, la antigüedad y el posible grado de electrificación. Este sistema genera situaciones poco realistas, como que un SUV con un sistema híbrido o semihíbrido, que emite más gases contaminantes que un vehículo urbano de combustión, tenga acceso a la etiqueta ambiental ECO o incluso la Cero si es un PHEV o híbrido enchufable, mientras que un vehículo más pequeño y menos contaminante tiene una etiqueta. Esta realidad ha levantado no pocas críticas, que la DGT quería rectificar con una nueva regulación homologable a la del resto de países europeos.
El cambio de rumbo del ejecutivo con la nueva ley de movilidad sostenible se debe a la necesidad de aprobar esta normativa antes de fin de año para desbloquear 10.000 millones de euros de ayudas provenientes de fondos comunitarios, pero no resuelve la especificidad española en la clasificación ambiental de los vehículos. Habrá que esperar si el gobierno español ha previsto algún mecanismo alternativo que permita resolver el desbarajuste del sistema de etiquetas ambientales en España.
